El programa de parole humanitario de Estados Unidos, diseñado para ofrecer protección temporal a migrantes de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, ha sido objeto de denuncias por parte de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS). Recientemente, se han detectado múltiples casos de fraude que amenazan con poner en riesgo la continuidad de este vital programa, el cual ha sido un rayo de esperanza para muchos migrantes.
El abogado de inmigración José Guerrero abordó este delicado tema en una entrevista con el periodista Javier Díaz, proporcionando una visión clara de las posibles repercusiones para aquellos involucrados en actividades fraudulentas, ya sea como víctimas o como perpetradores.
Guerrero inició su análisis haciendo una clara distinción entre los beneficiarios que, sin saberlo, se han visto involucrados en fraudes, y los patrocinadores que han cometido estos delitos de manera consciente. Según explicó, los beneficiarios que no tenían conocimiento del fraude no enfrentarán cargos criminales, ya que su participación en la actividad fraudulenta fue involuntaria. Sin embargo, la situación es muy diferente para los patrocinadores. Aquellos que estén dentro o fuera de Estados Unidos y hayan participado en el fraude, podrían enfrentarse a diversas sanciones, incluyendo la imposibilidad de entrar nuevamente al país. Guerrero fue enfático al señalar que estos delitos no se borran del historial, lo que complicará cualquier intento futuro de inmigración.
“Será muy difícil que puedan entrar a Estados Unidos en el futuro. Los que estén en Estados Unidos y tenían conocimiento de lo que hacían, pueden encarar cargos criminales, revocarles la residencia, o enfrentarse a la deportación”, afirmó Guerrero, subrayando la gravedad de estas acciones. Además, advirtió que si el proceso de parole de un beneficiario está relacionado con un fraude, dicho proceso será automáticamente anulado. Por ello, es crucial que cualquier persona que haya solicitado ayuda para llenar formularios o haya pagado por dichos servicios, mantenga un registro detallado de cada paso y conserve los datos de contacto de la persona que le asistió, como medida para protegerse de posibles implicaciones legales.
Las penas por fraude en el programa de parole humanitario pueden ser extremadamente severas, llegando hasta los 10 años de prisión para aquellos que sean hallados culpables. Entre los fraudes más comunes detectados por las autoridades se encuentran el uso de números de seguro social pertenecientes a personas fallecidas, la utilización de direcciones incorrectas (como almacenes o negocios) para evitar dar la dirección real donde los beneficiarios residirían, y el uso indebido de datos de patrocinadores sin su consentimiento.
En algunos casos, incluso se ha reportado que personas han pagado sobornos en efectivo o mediante transferencias electrónicas para acelerar el proceso de aprobación del parole. También se han encontrado situaciones en las que patrocinadores descubren que tienen como beneficiarios a personas que no conocen en absoluto, lo que evidencia la gravedad del problema.
Actualmente, el programa de parole humanitario se encuentra temporalmente suspendido desde la semana pasada. No obstante, el gobierno estadounidense ha permitido que algunas personas con permisos aprobados viajen al país, y continúa recibiendo solicitudes a través del formulario I-134A.
