En el municipio de Camagüey, cuatro familias recibieron nuevas viviendas de madera como parte de una política del Estado cubano destinada a proteger a personas en situación de vulnerabilidad. Esta iniciativa, que prioriza comunidades periféricas y barrios en transformación, ha sido presentada por las autoridades políticas como un esfuerzo significativo para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Sin embargo, su impacto social es mínimo.
La realidad que subyace a esta acción es bastante alejada de lo que se considera ideal. Las viviendas entregadas fueron construidas con materiales de baja calidad y presentan terminaciones deficientes, lo que hace necesario realizar restauraciones a corto plazo, según ha admitido el propio gobierno.
En Camagüey, el Estado ha destinado solo cinco millones de pesos cubanos para este proyecto, una cifra claramente insuficiente frente a la gran demanda de casas existente en la provincia y en el país en general.
Miles de familias en Cuba continúan sin acceso a una vivienda digna, y esta situación se agrava con el tiempo debido al aumento en el costo de los materiales de construcción y a los constantes derrumbes que ocurren en toda la isla.
El gobierno cubano ha incumplido repetidamente con el plan de construcción de viviendas, mientras que ha continuado la construcción de hoteles, a pesar de la baja ocupación que estos presentan.
Al cierre de 2023, solo se habían completado cerca de 13,300 inmuebles en Cuba, lo que representa apenas el 54% del plan anual. Esto deja a miles de familias sin hogar y evidencia la ineficacia de las políticas habitacionales del régimen.
