El gobierno cubano ha añadido una nueva batalla a las numerosas guerras que enfrenta debido a su ineficaz política económica, esta vez enfocándose en las ventas digitales. El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, ha instruido a los gobernadores del país a “actuar con rigor en todos los territorios e identificar las ventas que se promueven en sitios digitales o se realizan a domicilio para evadir la inspección e ignorar la regulación temporal de precios”, según el perfil Gobierno Cuba en X (anteriormente Twitter).
Marrero Cruz subrayó: “No estamos en contra de ese servicio, pero tiene que cumplir los precios establecidos. Hay que divulgar los resultados del enfrentamiento, no solo para que el pueblo vea que lo estamos defendiendo, sino para que los violadores sepan que esto va en serio”. Esta declaración se produjo poco después de que la Asamblea Nacional anunciara medidas severas contra el sector privado.
Esta acción se enmarca en la reciente escalada del régimen para atacar a las micro, medianas y pequeñas empresas (mipymes), a las que acusa de imponer “elevados, especulativos y abusivos precios de productos y servicios básicos de la población”. El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, explicó cómo se había intervenido en un caso de una plataforma digital en La Habana. “Logramos identificar los titulares, quienes realizaban las ventas. Se convocaron, se les puso un apercibimiento y ahí, en ese mismo momento, bajaron el precio del pollo. O sea, que también con quienes realizan ventas digitales se puede trabajar”, señaló.
Según Cubadebate, las sanciones bajo el Decreto 30, que busca enfrentar las conductas de indisciplina y evitar precios abusivos y especulativos, oscilan entre 5,000 y 15,000 pesos por violaciones de tarifas y precios, pero pueden llegar hasta 18,000 pesos. El ministro Regueiro Ale admitió que “los números nos están demostrando que estábamos dormidos en este tema, demuestran que no le habíamos puesto todo el rigor y el seguimiento necesario”.
Durante su discurso de clausura del tercer período ordinario de sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó un giro en la política económica del régimen, ratificando su intención de someter la actividad de los “nuevos actores económicos” a las directrices estatales y a la planificación centralizada de la economía. “Es hora de superar los diagnósticos y pasar a las acciones”, proclamó Díaz-Canel, dando paso a una ofensiva contra los pequeños negocios privados en Cuba.
En la misma reunión, el primer ministro informó que el gobierno había revocado la licencia de importación a casi un tercio de los negocios privados autorizados. “Se decidió cerrar esta facultad a 24 de las 73 empresas aprobadas para importar, por bajo nivel de actividad y mal trabajo”, afirmó Marrero Cruz.
Además, se anunciaron cambios significativos en las regulaciones para las mipymes y el trabajo por cuenta propia. Estas medidas representan una intensificación de la presión sobre el sector privado en un intento de controlar los precios y las prácticas comerciales en medio de un contexto socioeconómico cada vez más adverso.
