El gobierno cubano ha establecido el pago de aranceles en divisas para las importaciones del sector no estatal como parte de un nuevo paquete de reformas económicas, según anunció el primer ministro Manuel Marrero Cruz. Durante el tercer periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional en su décima legislatura, Marrero Cruz detalló las nuevas disposiciones del régimen en un esfuerzo por mejorar la situación económica del país.
Además del pago en monedas extranjeras –una medida significativa ya que en Cuba generalmente se paga en moneda nacional–, Marrero también expuso que se implementarán, de manera gradual y selectiva, cobros en divisas para los servicios portuarios. Asimismo, informó que aceptarán efectivo en divisas en determinados sectores y actividades, como el turismo, a pesar de que hace unos meses impulsaron un proceso de bancarización que no ha mostrado resultados favorables hasta ahora.
Estas medidas llegan apenas unas horas después de que el presidente Miguel Díaz-Canel anunciara un plan de “ordenamiento” para los sectores privado y estatal, criticando la “manera irresponsable” con la que algunas instituciones se han conducido. Díaz-Canel insistió en que no se trata de una cacería de brujas contra una forma de gestión o propiedad específica. Sin embargo, en los últimos meses, el discurso oficialista ha estado dirigido contra las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), especialmente aquellas que importan productos terminados o que no cumplen con los precios regulados.
Hace unos días, el régimen implementó topes de precios en seis productos básicos de alta demanda mediante una resolución publicada en la Gaceta Oficial de Cuba, imponiendo multas de hasta 8,000 pesos para quienes no cumplan con esta normativa.
El Ministerio de Finanzas y Precios informó que, entre los días 12 y 13 de julio, se impusieron 4,332 multas a negocios privados por violaciones de precios, con un valor total superior a los 13 millones de pesos. Estas acciones fueron parte de un operativo intensivo que incluyó 11,891 controles para verificar el cumplimiento de los precios minoristas.
Vladimir Regueiro Ale, titular del sector, explicó que estos registros abarcaron todo el país y que la detección de violaciones fue del 41,7 %, con un total de 4,954 infracciones identificadas. Además de las multas, se aplicaron 354 ventas forzosas –187 de ellas en La Habana–, 53 retiros temporales de autorización del funcionamiento del establecimiento y 21 decomisos, mayoritariamente a quienes ejercían de forma ilegal.
Estas medidas han sido justificadas por el gobierno como necesarias para controlar la inflación y asegurar la accesibilidad de bienes esenciales para la población. Sin embargo, también han generado preocupación entre los empresarios privados y las mipymes, quienes dependen de la capacidad de importar para mantener sus operaciones y satisfacer la demanda del mercado interno.
La introducción de estos cambios se enmarca en un contexto de crisis económica en Cuba, donde la inflación y la escasez de productos básicos han afectado gravemente a la población. A pesar de las acciones tomadas, el gobierno insiste en que no busca cerrar negocios indiscriminadamente, sino persuadir a los comerciantes para que cumplan con las regulaciones establecidas. “Continuaremos con este enfrentamiento, realizaremos acciones conjuntas y sistemáticas”, concluyó Marrero Cruz.
El primer ministro también defendió los altos precios de las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) frente a los topes establecidos para las Mipymes, argumentando que el Estado compra en mercados más caros y con menos beneficios. “Nuestras tiendas recaudadoras de divisas están enfrentadas a un escenario tan complejo como el que hemos expresado aquí. No compran esos recursos, el pollo, el aceite, en los mismos mercados donde los compran las formas de gestión no estatal”, subrayó Marrero durante su intervención en la Asamblea Nacional.
