«Se informa a los dueños de MIPYMES, trabajadores por cuenta propia y todas las formas de gestión no estatal que oculten productos después del tope de precios: la ley también se aplicará con firmeza», amenazó la Dirección de Inspección en Pinar del Río, autoridad que ejecuta registros e impone multas como parte de la ofensiva del Gobierno cubano contra el sector no estatal, al que culpa de la inflación que sufre la Isla.
En una publicación en su perfil de Facebook, la entidad estatal recordó que «el Artículo 307 del Código Penal establece que se sanciona con privación de libertad de un año a tres años o multa de 300 a 1.000 cuotas o ambas, a quien oculte mercancías al público o niegue injustificadamente los servicios que se presten en la entidad».
La Dirección de Inspección pinareña señaló además que «constituye una violación de las previstas en el Decreto 30 de 2021, artículo 7, inciso k), quien no ponga en venta la totalidad de los productos destinados a la comercialización, los retenga, aplace su venta o favorezca a individuos con su adquisición. Será sancionado con multa de 8.000 a 10.000 CUP, además de sanciones accesorias como la venta forzosa, decomiso, cancelación de la autorización para ejercer, entre otras».
En el propio muro de la entidad, hay varias publicaciones que amenazan a los negocios no estatales con acciones represivas si no acatan el tope de precios impuesto por decreto a partir del 8 de julio pasado. «Está todo escrito, y si es necesario, se hará cumplir. No se puede probar fuerza con el Estado. La ley se aplica a todos por igual y quienes infrinjan las normas deberán ser sancionados con la máxima severidad», indicó la Dirección de Inspección pinareña.
En otro post en la red social, la entidad aseguró haber detectado «violaciones en lo regulado según resolución 225, principalmente aceites y pastas; se aplican multas y ventas forzosas», o que «varias MIPYMES (…) tenían en el almacén pollo guardado; se aplica decreto 30 de 8.000 pesos de multa y venta forzosa».
El lunes 15 de julio, el diario oficial Granma aseguró que en apenas dos días el Gobierno impuso multas por valor de más de 13 millones de pesos por violaciones de los topes de precios establecidos a productos que venden las MIPYMES, algunas acompañadas de sanciones adicionales como la venta forzosa y la suspensión de actividades.
De acuerdo con ese reporte, se trata de «acciones de enfrentamiento» apoyadas en el «control popular» que el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) realizó el 12 y el 13 de julio en 11.891 inspecciones, luego de lo estipulado en la Resolución 225/2024.
Vladimir Regueiro Ale, titular del MFP, dijo que estos ejercicios abarcaron la totalidad del país y que, en adición a las multas impuestas, se aplicaron 354 ventas forzosas —187 en La Habana—, 53 retiros temporales de autorización del funcionamiento del establecimiento y 21 decomisos, mayoritariamente a quienes ejercían de forma ilegal.
La semana pasada, el economista Omar Everleny Pérez consideró que hay una satanización de los precios de las MIPYMES cubanas, mientras en las tiendas del Estado en MLC estos son mucho más abusivos, como demostró con una tabla comparativa.
Para el economista, lo primero que salta a la vista es que el Estado no siempre tiene a la venta algunos productos de primera necesidad y eso «atenta contra la calidad del servicio y no contribuye a la competencia en los precios entre diferentes sectores de la economía».
De los productos seleccionados para demostrar que el Estado vende muchos de ellos en MLC más caros que las MIPYMES, resaltan en la infografía los valores muy elevados de la carne de cerdo y de pollo, 182% y 269% más caros, respectivamente.
Otros productos en la tabla son la leche en polvo, que se vende en las tiendas en MLC un 13,7% más caro; el aceite, un 40% más; la salsa de tomate, un 204% superior; frijoles negros, 47% más; pasta dental, 56% más; jabón, 115% más, entre otros.
Así, en opinión del economista, «el uso de la etiqueta ‘precios abusivos’ tendría que ampliarse o modificarse, no únicamente emplearla para referirse a las MIPYMES».
El tope de precios decretado por el Gobierno de Cuba a seis productos de gran demanda que venden las MIPYMES, en general provocó desde la semana pasada el efecto contrario al esperado, pues muchos de ellos (pollo, leche en polvo, salchichas, aceite vegetal, pasta alimenticia y detergente en polvo) desaparecieron de la venta, subieron de precio o pasaron al mercado negro.
Un forista en el sitio oficial Cubadebate describió la situación de la siguiente manera: «¿De verdad van a creer que ellos no saben que esto no está trayendo nada bueno? A no ser que vuelvan a subir los salarios, solo el tiempo dirá lo peor que podría ponerse la cosa a partir de la resolución».
La situación refleja una profunda crisis en el sector no estatal, agravada por la intervención gubernamental y la imposición de topes de precios que parecen más destinados a controlar la inflación superficialmente que a solucionar los problemas estructurales de la economía cubana. La incertidumbre y la presión sobre las MIPYMES continúan, y el futuro del sector no estatal en Cuba permanece en un estado de tensión y desafíos constantes.
