El gobierno de Cuba ha instado a los ciudadanos a denunciar por teléfono cualquier violación de los precios topados recientemente impuestos a seis productos básicos. El Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) anunció a través de su cuenta de Twitter que, como parte de un movimiento de control popular, se han establecido canales de comunicación en cada territorio para que las personas puedan denunciar estas violaciones.
“¡Al pueblo nos debemos!”, proclamó el MFP, acompañando su mensaje con una imagen que proporciona el número de teléfono y las direcciones electrónicas donde los interesados pueden reportar las infracciones.
El pasado lunes, el gobierno cubano anunció la implementación de topes de precios en seis productos básicos (cinco alimentos y el detergente en polvo) como parte de un esfuerzo para mitigar el impacto de la inflación en la población. La Resolución 225/2024 del MFP estableció los precios minoristas máximos del pollo, el aceite (excepto el de oliva), la leche en polvo, las pastas, las salchichas y el detergente.
Esta medida afectará principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que son las principales comercializadoras de estos productos. Las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) no se verán tan impactadas, ya que no tienen disponibilidad de la mayoría de estos alimentos.
La viceministra de Finanzas, Lourdes Rodríguez, confirmó que, además de los inspectores, se sumaron funcionarios capacitados para hacer cumplir el Decreto 30, que regula el enfrentamiento a las violaciones de precios. Recientemente, Rodríguez sostuvo una tensa reunión con emprendedores y directivos de mipymes para informarles sobre la decisión de topar los precios de productos de primera necesidad.
Durante este encuentro, los comerciantes alegaron que existen tres problemas estructurales en la economía cubana que les dificultan ajustarse a las nuevas regulaciones: la distorsión de la tasa de cambio, la presión fiscal sobre las mipymes y la escasez de combustible para transportar las mercancías.
Esta iniciativa del gobierno cubano busca controlar la inflación y asegurar que los productos de primera necesidad sean accesibles para la población. Sin embargo, la medida ha generado controversia entre los empresarios y ha puesto de relieve las dificultades económicas que enfrenta el país, así como las tensiones entre el gobierno y el sector privado emergente.
