Esta semana, la ministra del Comercio Interior de Cuba, Betsy Díaz Velázquez, anunció en la Mesa Redonda de la TV Cubana una noticia que ha sacudido al sector empresarial: casi 500 Mipymes han sido cerradas por no cumplir con la normativa de ofrecer pagos electrónicos.
Según la ministra, en menos de tres meses, el número de establecimientos cerrados por no cumplir con la norma que exige métodos de pago electrónicos ha alcanzado los 476. Esta cifra es indicativa de la seriedad con la que las autoridades están abordando la digitalización del sistema de pagos.
El objetivo principal de esta normativa es claro: impulsar la digitalización del sistema de pagos en Cuba y facilitar a la población el acceso a transacciones electrónicas. No obstante, muchas Mipymes se han resistido a implementar esta medida, lo que ha resultado en la aplicación de sanciones severas por parte del gobierno.
Las autoridades han subrayado que la intención de la normativa no es perjudicar a los negocios, sino incentivar su adaptación a las nuevas tecnologías y mejorar el servicio al cliente. Sin embargo, la resistencia de muchos propietarios de Mipymes ha sido notable, llevando a medidas extremas como el cierre de sus negocios.
Desde hace meses, los cubanos han estado utilizando las redes sociales para denunciar que muchos negocios privados, especialmente en los sectores de gastronomía y venta de misceláneas, no aceptan pagos electrónicos, a pesar de la obligatoriedad. En algunos casos, aquellos que sí aceptan pagos digitales aplican un recargo sobre el precio acordado, lo que ha generado críticas entre los consumidores.
El proceso de “bancarización” iniciado por el gobierno cubano en agosto de 2023 incluía una medida crucial: la obligatoriedad de que todos los establecimientos ofrecieran pagos electrónicos a sus clientes. Desde el principio, se advirtió a las Mipymes que el incumplimiento de esta norma resultaría en sanciones, incluida la clausura de sus actividades.
Inicialmente, se otorgó un plazo de seis meses para que tanto los negocios privados como los estatales se adaptaran a la nueva normativa. No obstante, debido a la falta de condiciones adecuadas en algunos casos, este plazo se extendió y la norma finalmente entró en vigor el 2 de febrero de 2024.
El cierre de casi 500 Mipymes en Cuba pone de manifiesto los desafíos y resistencias que enfrenta la implementación de cambios tecnológicos en un entorno económico complejo. Aunque la medida busca modernizar el sistema de pagos y alinear a los negocios con las tendencias globales de digitalización, también revela las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas en este proceso.
