Las autoridades del Ministerio del Interior (Minint) en Santiago de Cuba han informado sobre la desarticulación de una sofisticada red delictiva. Esta organización criminal fue responsable de múltiples robos en el Puerto de Santiago de Cuba, desviando grandes cantidades de alimentos destinados a la población.
Medios oficiales han detallado que esta red de corrupción estaba profundamente arraigada en el puerto de la ciudad. Entre los implicados se encontraban funcionarios, trabajadores, empresas y transportistas que sistemáticamente desviaban productos de la canasta básica hacia entidades privadas. Esta red operaba con la complicidad de varios sectores, demostrando la amplitud de la corrupción en el sistema.
Durante la investigación, las autoridades lograron recuperar más de 60 toneladas de alimentos. Los productos desviados incluían arroz, frijoles, azúcar y harina, todos ellos fundamentales para la dieta diaria de la población cubana. En total, 78 personas han sido arrestadas y están siendo procesadas por su participación en estos delitos.
Además de los robos, las autoridades descubrieron que los implicados también estaban involucrados en malversación, falsificación de documentos y receptación. Estos delitos, según el código penal cubano, pueden conllevar penas de hasta 20 años de prisión. Esta situación evidencia la gravedad y el alcance de las actividades delictivas en el puerto de Santiago de Cuba.
El Mayor del Minint, Ángel Luis Quiñones, declaró a la televisión que la política de tolerancia cero se aplicará estrictamente en casos de corrupción que afecten directamente a la canasta básica de la población. “Tenemos como política de trabajo, en los hechos de corrupción, donde se afecta directamente la Canasta Básica, de los productos que afectan directamente a la población, de una tolerancia cero”, subrayó Quiñones, destacando el compromiso de las autoridades para erradicar este tipo de crímenes.
Las autoridades subrayaron que era imposible que un solo trabajador o un área específica estuviera detrás de los robos de productos de la canasta básica en el puerto. La cantidad de personas involucradas, desde estibadores hasta directivos y transportistas, hacía evidente que la cadena delictiva era extensa y bien organizada. “A raíz de la cantidad de personas (estibadores, autoridades fitosanitarias, pesadores, directivos, transportistas) que se involucran en el proceso de descargue, es imposible que la cadena no fuera más larga”, explicó un encargado del Minint.
Los fiscales encargados del caso revelaron un esquema de corrupción donde los transportistas pagaban hasta 18 mil pesos por cada tonelada que los pesadores reportaban por debajo de lo que realmente llegaba al puerto. Esto les permitía quedarse con la diferencia, llegando incluso a vender camiones completos de alimentos sin incluir las facturas en el control portuario. Este modus operandi muestra la sofisticación y organización de la red desmantelada.
