Para Gladys Bejerano, contralora general de Cuba, el caso de corrupción más sonado del país en décadas, el del ex viceprimer ministro y exministro de Economía Alejandro Gil, se sintió como una «traición». La máxima auditora de ministerios y empresas estatales del país socialista destaca en una entrevista a EFE las «connotaciones» del escándalo, convirtiéndose en el primer alto cargo cubano en hablar sobre Gil desde que se anunció hace dos meses la investigación.
«Duele y duele mucho porque uno piensa como compañero -y el pueblo, como cubano- que una persona que ha estado a ese nivel, que ha estado manejando las situaciones, los sacrificios que ha habido que hacer… Que no tenga una actitud en correspondencia, realmente uno lo siente como una traición, como algo que no es lo correcto, y así lo sentimos todos. Pero hay moral y hay valentía para enfrentarlo», asegura Bejerano.
Bejerano, de 77 años, lleva quince años al frente de la Contraloría General y veinte auditando. Aboga por extraer «enseñanzas» de esta «lección tristemente negativa». Gil fue cesado como ministro de Economía el 2 de febrero sin explicaciones públicas y el 7 de marzo el presidente, Miguel Díaz-Canel, anunció que estaba imputado por «graves errores». Habló, sin detalles, de «corrupción», «simulación» e «insensibilidad».
«Cada vez que ha habido un hecho, se ha hecho público. Eso se lo puedo asegurar», dice esta integrante del comité central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), convencida de que «más pronto que tarde y en la medida de ser objetivo» se aportará «toda la información».
Recalca que el sistema cubano no minimiza la corrupción «ni por el monto ni porque sea de abajo o arriba», aunque entiende que este caso tiene «más significado». Aclara que la investigación sobre Gil no partió de la Contraloría General. Bejerano reconoce que la crisis ha hecho aumentar algo la corrupción porque «hay una mayor necesidad» y una escasez «de todo», aunque «no justifica». Algunas personas, señala, «ceden al mercado negro» y otras aprovechan, «incluso cruelmente».
Indica que el 76 % de las ilegalidades detectadas se dan «en el nivel de base» y que su «batalla» es reducirlas a «cero», por una cuestión de «principios» y «convicciones» de la revolución. «La gente no cae en la corrupción en paracaídas. Es un proceso: corrupción es descomposición. Es un proceso de pérdida de valores, de estima a sí mismo, de respeto a sí mismo (…). Hay otros que es por autosuficiencia, por vanidad, por prepotencia», describe.
Bejerano admite que el 23 % de los sistemas de control del país tienen deficiencias, principalmente por falta de capacidades técnicas o humanas (sólo el 60 % de las plazas de la Contraloría General están cubiertas): «Los controles no están al nivel» que la Contraloría desea y que el país, el Gobierno y el PCC necesitan, dice. Explica también que el conglomerado empresarial GAESA, de las Fuerzas Armadas, no está bajo su supervisión. Este grupo estatal -que incluye las telecomunicaciones, casi todo el sector turístico, remesas, firmas importadoras y distribuidoras, bancos, gasolineras, inmobiliarias y otros negocios- supone el principal aporte al producto interno bruto (PIB).
Argumenta que GAESA cuenta con «disciplina y organización superior» por sus décadas de experiencia empresarial y que la Contraloría concentra «fuerzas» donde hacen falta «avances». Sobre el vínculo entre la corrupción y las crecientes desigualdades en el país, Bejerano lo liga a la aparición del sector privado y apunta que algunas personas tienen más porque trabajan y «tienen resultados», pero cree que también hay «ilegalidades».
«No le vamos a admitir ni a estatales ni a privados que cometan ese tipo de delitos y que ofendan y maltraten al pueblo. Eso no se puede permitir: no es lo que queremos, no es el modelo. Queremos que gente honesta, luchadora y trabajadora pueda tener su negocio en regla, cumpliendo sus obligaciones con el fisco, con la sociedad», contesta.
Sobre la ejecución del presupuesto, también competencia de la Contraloría, avanza que en lo que va de año «se cumplieron ingresos» y «se redujeron gastos». «Hay un comportamiento, pudiéramos decir, favorable», indica, aunque apunta de seguido que «no es que ya esté resuelto el problema» porque el déficit público es «bastante alto».
Bejerano hace un llamado a la reflexión y a aprender de este lamentable episodio. «Cada uno de estos casos debe servir para fortalecer nuestros sistemas y para que todos comprendan la importancia de actuar con integridad y responsabilidad», subraya.
La contralora insiste en que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para prevenir la corrupción. «La confianza del pueblo en sus instituciones se construye con hechos, y es nuestra responsabilidad mantener esa confianza a través de acciones concretas y efectivas», concluye.
Finalmente, Bejerano expresa su esperanza en que la investigación sobre Alejandro Gil sirva como un ejemplo y una advertencia para otros funcionarios. «Este es un momento para demostrar que la Revolución sigue comprometida con los principios de justicia y equidad. No podemos permitir que actos de corrupción empañen los logros alcanzados y el sacrificio de nuestro pueblo», afirma.
En su extensa carrera, Bejerano ha enfrentado numerosos desafíos, pero este caso de corrupción representa uno de los más significativos. «La lucha contra la corrupción es constante y requiere la colaboración de todos los sectores de la sociedad. Juntos, podemos construir un país más justo y transparente», declara.
