En una reciente entrevista con el intelectual pro-régimen Ignacio Ramonet, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel aseguró que en Cuba nadie es reprimido por expresar opiniones contrarias a la revolución. Esta declaración, citada por el diario oficialista Granma, se produce a pesar de la evidencia de más de mil presos políticos en la isla y de las recientes condenas a manifestantes pacíficos.
Díaz-Canel respondió a una pregunta sobre si la Constitución cubana garantiza el derecho a manifestarse afirmando que el Estado «no tiene una respuesta represiva» ante tales actos. Sin embargo, aclaró que existe una «respuesta popular» por parte de aquellos que prefieren dialogar con el Gobierno y el Partido Comunista sobre sus reclamos, frente a quienes protestan y son acusados de cometer actos vandálicos y alterar el orden público.
«Las personas que han enfrentado y no han permitido que la disidencia vocifere consignas contrarrevolucionarias u otro tipo de cosas», dijo Díaz-Canel. Según el presidente, incluso las opiniones contrarias a la Revolución no son reprimidas, pero insistió en que los disturbios y vandalismo durante las protestas justifican una respuesta legal y judicial, comparando la acción del Estado cubano con la de cualquier otro país bajo circunstancias similares.
Este segmento de la entrevista ha generado una ola de indignación entre los lectores de Granma, que han expresado su escepticismo y descontento en los comentarios en línea, calificando las declaraciones del mandatario como «una burda mentira» y criticando al régimen por su falta de transparencia y por manipular la información.
La situación de los derechos humanos en Cuba sigue siendo crítica, con informes continuos sobre la represión de manifestantes pacíficos, opositores y activistas por medio de arrestos, juicios arbitrarios y la creación de nuevas leyes punitivas. Además, ha habido casos de expulsiones de estudiantes y empleados de universidades y lugares de trabajo por expresar críticas al régimen.
Recientemente, un grupo de madres de presos políticos publicó una carta abierta pidiendo la liberación de sus hijos y prometiendo continuar denunciando la injusticia perpetrada contra sus familiares. Además, se han documentado arrestos en protestas pacíficas, como los sucesos del 8 de marzo en el poblado de San Andrés en Holguín, y las sentencias de hasta 15 años de cárcel a jóvenes que protestaron en 2022 en Nuevitas, Camagüey, por los prolongados apagones.
El periodista independiente José Luis Tan Estrada también fue detenido y amenazado recientemente, lo que subraya la continua represión de la libertad de expresión en la isla. Las protestas del 11 de julio de 2021 resultaron en más de 700 condenas, afectando principalmente a jóvenes.
Con más de 1000 presos políticos documentados por organizaciones como Prisoners Defenders, la comunidad internacional sigue observando con preocupación la situación en Cuba, mientras que dentro de la isla, las voces disidentes enfrentan un ambiente cada vez más hostil bajo un régimen que insiste en mostrar una fachada de diálogo y legalidad.
