«La justicia cubana ha condenado a Jorge Luis Boada Valdés, un joven residente en el barrio Lawton de La Habana, a nueve años de prisión por los delitos de propaganda enemiga y otros actos contra la Seguridad del Estado. Esta noticia ha generado conmoción y debate en todo el país.»
El proceso legal que culminó con la sentencia de Boada Valdés duró más de seis meses, dejando a su familia sumida en la incertidumbre. El joven fue arrestado en febrero de 2022 después de pintar en tres ocasiones la frase «Díaz-Canel, singao» en un muro del barrio de Lawton, y su caso llegó a su conclusión para sentencia en noviembre del mismo año.
«Tras conocer la sentencia, que incluye cuatro años y medio de encierro y otros cuatro y medio de libertad condicional, el padre del condenado expresó su descontento y preocupación. Considera que la condena es injusta y que su hijo no debería estar en prisión por expresar su opinión.»
Durante el juicio, la defensa argumentó que Boada Valdés carece de la capacidad mental para comprender completamente sus acciones, especialmente dada su condición de haber estudiado en una «escuela especial». Sin embargo, el peritaje psiquiátrico determinó su responsabilidad penal, aunque la familia insiste en la necesidad de atención médica adecuada para él debido a sus episodios de epilepsia.
«El joven fue detenido luego de escribir carteles contra el mandatario comunista y compartir fotos de sus acciones en redes sociales. Su detención tuvo lugar en el cuartel general de la Seguridad del Estado, Villa Marista, donde continuó manifestando su descontento contra el gobierno.»
Además de las acusaciones por escribir contra Díaz-Canel, Boada Valdés fue enjuiciado por compartir fotos de sus acciones en redes sociales y por exhibir la frase «Patria y Vida» en la prisión de Valle Grande, lo que le llevó a ser encerrado en una celda de castigo.
«En el juicio también fueron encausadas otras dos personas, Luis Andrés Domínguez Sardiñas y Yohan Carlos Terán Izquierdo, quienes enfrentaron acusaciones similares. La Fiscalía alegó que buscaban crear ‘un ambiente de desestabilización del orden interno y la seguridad del país’.»
Durante la audiencia, se mencionó la presunta implicación de «influyentes contrarrevolucionarios» residentes en el extranjero, quienes habrían prometido apoyo a Boada Valdés y Domínguez Sardiñas para realizar acciones de desobediencia civil. Este caso ha avivado el debate sobre la libertad de expresión y los derechos humanos en Cuba, generando preocupación tanto dentro como fuera del país.
