En el marco de la Ley de Asignaciones Estatales, de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados para el Año Fiscal 2024, se ha establecido una prohibición para que los fondos federales de Estados Unidos sean destinados a las pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que mantengan vínculos con el régimen cubano. Esta medida fue anunciada por el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart durante una conferencia de prensa, donde también se destacó el aumento presupuestario para Radio y TV Martí y la restricción de visas a funcionarios y empleados de entidades que faciliten el tráfico de médicos cubanos.
La legislación, que fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos a finales de marzo bajo el título de Ley de Asignaciones Adicionales Consolidadas 2024, propone un incremento en la asignación de fondos destinados a la promoción de la democracia en Cuba, elevando la cifra a 25 millones de dólares, lo que representa un aumento del 25% respecto a años anteriores. Adicionalmente, se contempla una asignación de 25 millones de dólares para la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, que comprende a Radio y TV Martí.
Con la reciente aprobación del paquete de financiación final para el año fiscal 2024 por parte del Senado de Estados Unidos, que contó con un amplio respaldo de 74 votos a favor y 24 en contra, se garantiza el financiamiento para las políticas de apoyo a la democracia en Cuba incluidas en la propuesta de Díaz-Balart.
La Ley SFOPS para el año fiscal 2024 dispone de un financiamiento total de 58,346 millones de dólares para el Departamento de Estado, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y otros programas esenciales. Dentro de este presupuesto, se destinan 11.8 mil millones de dólares para que el Departamento de Estado y la USAID cumplan con su misión global y continúen con la modernización de su fuerza laboral en el ámbito de la diplomacia y el desarrollo.
El proyecto de ley también incluye disposiciones para promover los derechos humanos y la gobernanza democrática, reflejando los valores de fortalecimiento de la buena gobernanza y la protección de los derechos humanos. Entre estas disposiciones, se encuentra el apoyo financiero a la Corte Penal Internacional para la presentación de cargos contra altos funcionarios rusos, incluido el presidente Vladimir Putin, por crímenes de guerra en Ucrania.
Cabe mencionar que, en octubre del año pasado, se reveló que la hija de Mariela Castro y nieta del dictador Raúl Castro era propietaria de una Mipyme en La Habana dedicada a la venta de alimentos. Este y otros casos similares han generado denuncias en redes sociales sobre la propiedad de Mipymes por parte de miembros de la alta cúpula del régimen cubano, sus familiares o funcionarios represores.
