Desentrañando el caso: La cubanoamericana arrestada en Tampa con más de 102 mil dólares en efectivo
En un desarrollo que ha capturado la atención tanto de los medios locales como internacionales, la Fiscalía Federal de Tampa ha presentado cargos contra Mirtza Ocaña Lara, una cubanoamericana de 38 años, por contrabando de dinero en efectivo. Ocaña fue detenida hace poco más de un mes en el Aeropuerto de Tampa cuando intentaba ingresar a Estados Unidos desde Cuba con más de 102,000 dólares en efectivo sin declarar.
Según informes de la Fiscalía Federal, los cargos presentados contra Ocaña incluyen contrabando de dinero en efectivo y conspiración para transportar ilegalmente dinero a los Estados Unidos. Estos cargos fueron el resultado de una investigación dirigida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras su detención e interrogatorio en febrero.
El caso de Ocaña ha generado gran interés debido a su conexión potencial con eventos políticos en Cuba. Aunque la relación entre Ocaña y el exministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil Fernández, no ha sido confirmada oficialmente, medios independientes han especulado sobre una posible conexión entre ambos.
Actualmente, Ocaña se encuentra bajo arresto domiciliario con un dispositivo electrónico y ha entregado su pasaporte como medida cautelar. Las autoridades descubrieron el dinero en efectivo oculto en su equipaje y ropa durante una inspección de rutina en el aeropuerto, revelando un esquema de contrabando que aparentemente se había llevado a cabo en múltiples ocasiones.
Ocaña admitió haber transportado dinero en efectivo a Estados Unidos en numerosas ocasiones, a cambio de pagos que oscilaban entre 1,000 y 2,500 dólares por viaje. Si es declarada culpable de todos los cargos, enfrenta una pena máxima de cinco años en una prisión federal.
El caso está siendo investigado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y será procesado por el Fiscal Federal Adjunto Michael J. Buchanan. La regulación que exige la declaración de cantidades superiores a 10,000 dólares tiene como objetivo combatir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas, destacando la importancia de la transparencia en el transporte de fondos internacionales.