En Cuba, cuando el régimen se siente incómodo, no manda flores, manda patrullas. Este martes, volvió a pasar. José Daniel Ferrer, uno de los opositores más visibles del país y fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue arrestado durante un operativo sorpresa en su propia casa, allá en el reparto Altamira, en Santiago de Cuba.
La excusa oficial, según reportes de la agencia Reuters, es que Ferrer habría incumplido las condiciones de su libertad condicional —esa que le concedieron hace apenas tres meses, tras un acuerdo negociado entre el Vaticano y Washington. La magistrada Maricela Sosa, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, dijo que Ferrer se ausentó de dos citas judiciales obligatorias, y que eso ya basta para mandarlo de nuevo tras las rejas.
Pero lo que pasó va mucho más allá de eso.
La hermana del activista, Ana Belkis Ferrer, fue quien encendió las alarmas en redes sociales. Denunció que la vivienda fue completamente saqueada, y que no solo se llevaron a José Daniel, sino también a su esposa Nelva Ismaray Ortega Tamayo, a su hijo menor Daniel José, y a los activistas Roilán Zárraga Ferrer y Fernando González Vaillant. Todos fueron arrestados y conducidos a paradero desconocido.
Desde la cuenta de X (antes Twitter) de su hermano, Ana Belkis lanzó un mensaje directo al régimen: «¡Miserables y cobardes tiranos criminales! Exigimos su inmediata libertad y la de todos los detenidos y presos políticos», acompañado del ya conocido grito digital: #SOSCuba.
Una piedra en el zapato del poder
Con 54 años, Ferrer ha sido una de esas voces incómodas que no se callan ni con candado. Ha pasado por cárceles, represión, campañas de difamación y todo tipo de intentos por silenciarlo. Pero sigue ahí, denunciando desde dentro y ayudando a los más vulnerables.
En semanas recientes, el régimen volvió a arremeter contra él y contra la activista Rosa María Payá, usando su maquinaria de propaganda para desacreditarlos. El diario Granma, altavoz del Partido Comunista, los calificó de “mercenarios” y los acusó de buscar un doble bloqueo, esta vez con apoyo de la Unión Europea.
Pero en la práctica, el activismo de Ferrer va más allá del discurso político.
Desde su liberación parcial, se volcó en la labor humanitaria, ofreciendo comida, atención médica y ayuda básica a quienes no tienen nada. Su sede en Santiago de Cuba se había convertido en un refugio para muchos. Y eso, al poder, le molesta más que una pancarta.
La policía política no tardó en cercar la casa, hostigar a los colaboradores, y cortar el flujo de personas que acudían en busca de alivio. En la lógica del régimen, ayudar al pueblo por tu cuenta es casi un delito de lesa autoridad.
Hasta el momento, no hay ningún pronunciamiento oficial sobre el paradero de Ferrer ni de los otros detenidos. Las organizaciones internacionales de derechos humanos ya están levantando la voz, alertando sobre una nueva escalada represiva en la isla.
En una Cuba donde ayudar molesta, callar no es una opción. Y Ferrer, pese a las rejas, sigue siendo prueba de eso.
