En pleno apogeo de la crisis energética que sacude a la isla, un trabajador del parque fotovoltaico en construcción en Las Guásimas, Contramaestre, terminó metido en tremendo lío por haberse quedado con lo que no era suyo. El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, fue condenado a cinco años de prisión tras ser hallado culpable de robar piezas claves del sistema de energía solar.
Se llevó 35 piezas metálicas, vitales para montar las estructuras donde se colocan los paneles solares, esas que aquí llaman “mesas”. Las tenía bajo su responsabilidad como parte de su trabajo en el proyecto, pero en lugar de cuidarlas, parece que decidió hacer negocio por la izquierda.
Todo se descubrió en una revisión de rutina, cuando notaron que faltaba material. De ahí en adelante, el caso fue escalando hasta llegar a juicio. Y no fue un juicio cualquiera: según informaron medios cercanos a la policía del régimen, como la página de Facebook Héroes del Moncada, el proceso fue público y con los demás trabajadores como testigos, para que “nadie se le ocurra hacer lo mismo”.
La movida, más que legal, tiene su sabor a escarmiento. La idea era dejar claro que, cuando se trata de recursos del Estado (y más si son de un proyecto energético “estratégico”), no hay espacio para relajos ni para la viveza criolla.
El tribunal no se anduvo con paños tibios. Dictó los cinco años de privación de libertad por afectar directamente un proyecto que forma parte del plan nacional para impulsar las energías renovables en Cuba, en medio de los apagones y la escasez de combustible que tienen al pueblo comiéndose un cable.
Aunque no se reveló el valor económico exacto de lo sustraído, las autoridades remarcaron que las piezas eran fundamentales. Sin ellas, el avance de la obra se frena, y eso, en este contexto, pesa más que el oro.
Más que justicia, una lección
Lo que muchos ven como un castigo ejemplar, otros lo interpretan como una técnica de control político disfrazada de proceso judicial. En Cuba, este tipo de juicios públicos no son novedad. Se usan como herramienta de “disciplina obrera”, para dejar claro quién manda y lo que puede pasar si se intenta burlar al sistema, sobre todo en sectores sensibles como el energético.
Así que el mensaje quedó clarito: el que robe, aunque sea un tornillo, va preso y lo hacen polvo delante de todos sus socios de trabajo.
Y en un país donde la necesidad aprieta más que nunca, estos episodios son también reflejo de lo que está pasando en los centros laborales: escasez, desconfianza, y una presión constante que explota por donde menos se espera.
