Tremendo bombazo legal acaba de explotar en Miami: el cubanoamericano Mario Echevarría acaba de hacer historia en una corte federal al lograr que la agencia de viajes Expedia le pague casi 30 millones de dólares por haber utilizado, sin permiso, terrenos que le fueron quitados a su familia en Cuba después de la revolución.
El fallo, que ronda los 29.85 millones de dólares, se convierte en el primero en su tipo en Estados Unidos gracias al famoso Título III de la Ley Helms-Burton, que fue activado en 2019 bajo la administración de Donald Trump. Y sí, eso significa que por primera vez un tribunal yanqui reconoce oficialmente que una empresa extranjera debe indemnizar a un ciudadano estadounidense por hacer billete con propiedades confiscadas en la isla.
«Esto abre la caja de los truenos», dicen algunos expertos, porque sienta precedente y puede desatar una lluvia de demandas similares. Además, mete presión en el ya complicado ajedrez diplomático entre Washington y La Habana.
¿Qué es lo que permite esta ley?
La Ley Helms-Burton, también conocida como «Ley Libertad», lleva en los libros desde 1996, pero siempre estuvo en pausa. No fue hasta que Trump llegó a la Casa Blanca y le metió candela a la política contra Cuba, que se activó la parte más polémica de la ley: el Título III.
Esta sección permite a ciudadanos estadounidenses, incluso aquellos que se naturalizaron después de salir de Cuba, demandar a compañías extranjeras que estén haciendo negocios con propiedades que el régimen confiscó después del ’59. Y aunque se han presentado varios casos desde 2019, el de Echevarría es el primero que llega a la meta con un veredicto a favor del demandante.
¿Por qué le tocó pagar a Expedia?
Según determinó el jurado, Expedia, junto a sus subsidiarias Hotels.com LP, Hotels.com GP y Orbitz LLC, se llenaron los bolsillos gestionando reservaciones en hoteles construidos en Cayo Coco, específicamente sobre terrenos que alguna vez fueron propiedad de la familia Echevarría.
Los hoteles en cuestión no son cualquiera: hablamos del Iberostar Mojito, el Iberostar Colonial y el Pullman Cayo Coco. Según la demanda, esas reservas generaron ganancias mientras se explotaban tierras que el gobierno cubano había expropiado sin compensación alguna.
El juez Federico Moreno ordenó que cada una de las tres empresas pague 9.95 millones de dólares, lo que da el total de casi 30 millones. La defensa de Echevarría argumentó que Expedia actuó con tremenda irresponsabilidad, sin investigar a fondo la procedencia de las tierras, y que, al hacerlo, terminó beneficiando indirectamente al régimen cubano.
Un golpe que sacude el tablero
Este fallo podría provocar una oleada de casos similares por parte de otros cubanoamericanos que también vieron cómo sus propiedades familiares pasaban a manos del Estado sin que nadie les preguntara nada.
Por ahora, Mario Echevarría se convierte en un símbolo de lo que puede pasar cuando se combina persistencia legal con un marco jurídico que, aunque polémico, está diseñado precisamente para este tipo de situaciones.
Y mientras tanto, en La Habana, seguramente ya están mirando este caso con lupa… porque si otros siguen el ejemplo de Echevarría, puede que la cuenta pendiente del pasado empiece a pasar factura con intereses.
