Después de varios días de tensión y confusión, el Fiscal General de Florida, James Uthmeier, ordenó a las autoridades estatales que dejen de aplicar la controvertida ley SB-4C, una norma que había puesto en el punto de mira a los inmigrantes indocumentados que entraran —o regresaran— al estado.
La decisión llegó tras un llamado de atención directo de la jueza federal Kathleen Williams, quien ya había emitido una orden de restricción temporal contra esa ley a inicios de abril. Aun así, en las últimas dos semanas se realizaron al menos 15 detenciones bajo esa misma normativa, lo que claramente violaba su decisión.
“Nunca imaginé que los agentes de la ley ignorarían una orden judicial”, expresó la jueza, molesta y sorprendida. “Tampoco pensé que los fiscales estatales no darían las indicaciones necesarias para evitar estas detenciones injustificadas”, dijo en una audiencia reciente celebrada en un tribunal federal de Miami.
El enredo legal viene de la propia letra de la ley SB-4C, que establece penas severas —incluyendo hasta nueve meses de cárcel obligatoria— para cualquier persona indocumentada que, siendo mayor de edad, entre a Florida sin haber pasado por un proceso oficial de inspección migratoria. Si reincide, la sanción sube a más de un año tras las rejas.
Pero el problema no solo es el castigo. La ley se mete en terrenos que, constitucionalmente, no le tocan al estado, como es el manejo de la inmigración, que por ley corresponde al gobierno federal. Eso fue precisamente lo que argumentaron organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de Florida y la Asociación de Trabajadores Agrícolas, quienes llevaron el caso a los tribunales.
Para la jueza Williams, la normativa estatal entorpece los procedimientos judiciales federales y reduce la capacidad de los tribunales para decidir si alguien puede esperar su juicio en libertad. “Esto es un choque frontal con la Constitución”, dejó claro en su dictamen.
Aunque el fiscal Uthmeier tuvo que acatar la orden, no se quedó callado. En un correo electrónico obtenido por el Miami Herald, dejó saber su disgusto: “No estoy de acuerdo con el alcance de esta orden. Considero que es equivocada y demasiado amplia”, escribió.
Por ahora, lo cierto es que las detenciones bajo la SB-4C deben parar. Las agencias estatales, desde la Patrulla de Carreteras hasta los sheriffs y jefes de policía, tienen la orden de suspender cualquier acción basada en esa ley hasta nuevo aviso.
La batalla legal apenas comienza, pero mientras tanto, miles de inmigrantes en Florida respiran con un poco más de tranquilidad. Porque en este juego de leyes y poderes, lo que está en juego no son solo papeles, sino vidas enteras.
