El gobierno cubano volvió a sacar las garras, esta vez con una cruzada “institucional” contra los deambulantes, los llamados asediadores de turistas y hasta los menores que trabajan, según se dio a conocer en una nota publicada por el portal oficial de la provincia de Matanzas.
La orden vino directa de Marieta Poey Zamora, la gobernadora de ese territorio, quien instruyó a que se montaran grupos multisectoriales en todos los municipios, con la tarea de enfrentar lo que ella llamó “conductas negativas”. Entre esas conductas incluyó el deambulismo, el acoso a visitantes extranjeros y la explotación laboral infantil, tanto en el sector estatal como en negocios privados. O sea, todo el mundo bajo la lupa.
La idea es identificar a estas personas, montarlas en algún transporte y llevarlas a centros de recogida temporal, donde –según dijo la propia gobernadora– recibirán comida, atención médica, aseo personal y hasta actividades recreativas. Pero aquí entre nos, no se aclaró si esas intervenciones serán voluntarias, ni cuántos estarían en la mira. Todo suena más a operativo que a plan de ayuda.
Poey aseguró que lo que se busca es la reinserción familiar y social, incluso mencionó que quienes logren regresar con sus familias podrían recibir alguna ayuda económica. Pero también dejó claro que, si hay problemas mentales de por medio, los casos irían directo para un hospital, incluso el psiquiátrico si hace falta.
Desde el área de Trabajo y Seguridad Social, Lázaro González Valera se encargó de justificar toda esta movida como legal, respaldada por decretos que sancionan cosas como el acoso constante a turistas o el abandono familiar. Pero lo que más encendió las alarmas fue el tema de los menores trabajando. El gobierno fue tajante: ningún niño menor de 17 debe estar vendiendo, manejando carretillas, ni fajao en el campo. Cualquier violación de eso será castigada con fuerza.
Para que todo esto funcione como un reloj, se activaron los llamados Grupos de Enfrentamiento a Conductas Negativas, una especie de escuadras de control local que operarán “a toda máquina” en cada comunidad, investigando y sancionando cualquier desviación de la norma.
Ahora bien, lo que está detrás de esta ofensiva no es tan bonito como lo pintan. Desde mediados de 2024, el régimen ha ido cocinando una narrativa para explicar la presencia creciente de personas sin hogar en las calles, y no precisamente con empatía. En junio, por ejemplo, se anunció una actualización de la política para atender a los deambulantes, que en la práctica se traduce en reubicaciones forzadas a centros de protección social. ¿Asistencia? No, más bien control social con otro disfraz.
El gobierno justifica estas medidas diciendo que estas personas tienen “conductas inestables”, resultado de adicciones o decisiones personales. Pero aquí no se menciona ni por asomo la inflación, la escasez ni el desplome del sistema de asistencia social, que son causas reales y profundas. La culpa siempre recae en el individuo, nunca en la estructura que lo empujó a la calle.
Y como si fuera poco, la prensa oficial ha hecho lo suyo, con una campaña que pone el foco en el alcoholismo, la violencia familiar y las enfermedades mentales como origen del problema. Nada de hablar de salarios que no alcanzan, ni de viviendas colapsadas, ni de la imposibilidad de sobrevivir sin “resolver por la izquierda”.
Últimamente, el gobierno ha intentado lavar su imagen con “historias de rescate”, contando casos de mendigos que fueron llevados a centros y ahora supuestamente viven mejor. Pero la verdad detrás de esas historias queda bien escondida: el uso de la fuerza, la falta de opciones reales y la criminalización de la pobreza.
