El expresidente Donald Trump parece estar afinando los dientes para volver con fuerza, y su mira apunta directo a los inmigrantes indocumentados con órdenes finales de deportación. Según filtraciones a las que tuvo acceso la agencia Reuters, se viene un paquetazo de sanciones tan severo que hasta el bolsillo más duro va a temblar.
La jugada incluye multas de hasta 998 dólares diarios para quienes no abandonen el país por su cuenta tras recibir la orden de irse. Pero ahí no acaba la cosa. Si no pagan, el plan contempla incluso confiscarles propiedades. Y ojo, que esto no es un invento nuevo: todo se basa en una ley de 1996 que se desempolvó en el primer mandato de Trump y que ahora quieren revivir con esteroides.
Un funcionario cercano al expresidente, que habló bajo condición de anonimato, soltó que la idea es aplicar estas multas con efecto retroactivo por hasta cinco años. O sea, estamos hablando de deudas que podrían superar el millón de dólares. ¡Un dineral! Y sin derecho a pataleo, porque la estrategia sería bien agresiva.
Según documentos internos, la Casa Blanca ha estado presionando fuerte a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para que se encargue no solo de cobrar, sino también de vender los bienes que se confisquen. También se menciona el posible apoyo del Departamento de Justicia, específicamente en su división de decomisos civiles, para dar respaldo legal a esta ofensiva.
Todo esto ha sido aplaudido por sectores conservadores en redes sociales, que lo ven como un paso firme en la línea dura migratoria que caracteriza a Trump. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, fue bien clara: si los inmigrantes con orden de deportación no se largan por su cuenta usando la app CBP Home, “van a tener que asumir las consecuencias”. Y esas consecuencias, ya tú sabes: casi mil pesos diarios por cada día de retraso.
El DHS ya había tirado la piedra en sus redes desde el 31 de marzo, avisando que venía candela. Pero ahora el fuego sube más, con planes concretos que podrían afectar directamente a 1.4 millones de personas con órdenes de deportación en firme.
Lo más preocupante es que muchos de esos inmigrantes están más que integrados en la vida diaria de Estados Unidos. Tienen hijos, trabajos, familias… y en muchos casos viven en lo que se conoce como “hogares de estatus mixto”, donde conviven con ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.
Desde el grupo FWD.us, que defiende los derechos de los inmigrantes, se advirtió que esta política sería un mazazo para los cerca de 10 millones de personas que viven en esta situación. Y no es un dato menor: según el Instituto de Política Migratoria, el 26% de esos hogares ya vive por debajo del nivel de pobreza. ¿De dónde van a sacar ese dinero? ¿Van a pagar multas o a comer?
Por supuesto, ya hay voces expertas alzándose contra esta movida. Scott Shuchart, quien trabajó como alto cargo en ICE bajo el mandato de Biden, soltó una frase que lo dice todo: “Esto no va de hacer cumplir la ley, va de sembrar miedo en las comunidades.” Una declaración que resume el sentir de muchos activistas y abogados migratorios.
Vale recordar que fue el propio Joe Biden quien en 2021 detuvo estas sanciones y luego las eliminó oficialmente, marcando un cambio de rumbo en la política migratoria. Pero ahora, si Trump regresa con este plan bajo el brazo, se reactivaría una estrategia que combina presión económica, castigo legal y confiscar lo poco que tengan los migrantes.
Todavía no hay fecha exacta para la implementación, ni el DHS ha dicho si Stephen Miller —uno de los cerebros más duros del ala trumpista— seguirá moviendo los hilos. Pero una cosa está clara: Trump quiere meter miedo, y lo está haciendo con medidas que parecen más sacadas de un thriller legal que de una política pública con rostro humano.
Y mientras tanto, millones de familias viven pendientes de qué pasará, sin saber si mañana amanecerán con una deuda imposible o sin techo. Así está el panorama. Y lo que viene, parece que viene caliente.
