En una movida que está dando de qué hablar, la Corte Suprema de Estados Unidos apoyó al presidente Donald Trump en su intento de usar una antigua ley de tiempos de guerra para acelerar las deportaciones. Este giro legal representa una victoria clave para su agenda migratoria y ha encendido las alarmas entre organizaciones defensoras de derechos humanos.
Con una votación dividida, cinco jueces contra cuatro, el máximo tribunal respaldó el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma que viene desde el siglo XVIII, para expulsar rápidamente a inmigrantes. Sí, leíste bien: una ley del 1798 vuelve a entrar en juego.
Trump ya había desempolvado esa ley para justificar la deportación de ciudadanos venezolanos, alegando su supuesta vinculación con el grupo delictivo conocido como Tren de Aragua. Aunque un juez federal había detenido temporalmente esa medida, el fallo del lunes le da vía libre a esa controvertida estrategia.
La Corte aclaró que aunque se autoriza este tipo de deportaciones exprés, los inmigrantes deben ser notificados de que están siendo procesados bajo esta ley especial, y además, tienen derecho a un “tiempo razonable” para defenderse en los tribunales. También se establece que sus abogados deben poder solicitar un habeas corpus antes de que se concrete cualquier expulsión.
Todo esto comenzó cuando el juez James Boasberg decidió congelar temporalmente las deportaciones, argumentando que no se puede aplicar esta ley sin acusaciones formales de por medio. A pesar de que una corte de apelaciones respaldó el bloqueo, el equipo legal de Trump llevó el caso hasta la Corte Suprema, donde finalmente se anotaron la victoria.
La Fiscal General Pamela Bondi no tardó en reaccionar. Con tono triunfal, declaró que esta decisión es “una victoria histórica para el Estado de derecho”. Criticó duramente al juez que intentó frenar la medida, diciendo que no tenía autoridad para interferir en las funciones del presidente en materia de política exterior y seguridad nacional.
Por su parte, los jueces conservadores señalaron que el caso debió haberse tramitado en Texas —donde estaban detenidos los migrantes— y no en Washington D.C. En cambio, la jueza Sonia Sotomayor expresó un fuerte desacuerdo en su voto disidente. Aseguró que este tipo de maniobras buscan evitar el control judicial y complican enormemente la defensa legal de los afectados.
Trump, como era de esperarse, celebró el fallo a lo grande en su red Truth Social. Lo llamó “un gran día para la justicia en Estados Unidos”, y dijo que esta decisión fortalece su capacidad para “proteger a las familias y asegurar las fronteras”.
Este caso reabre el debate sobre hasta dónde puede llegar un presidente usando leyes del pasado para enfrentar problemas del presente. Y también refleja la tensión cada vez más marcada entre la Casa Blanca y los tribunales, especialmente cuando se trata de migración.
