Un operador del Ministerio del Interior (MININT) en Ciego de Ávila fue sentenciado a siete años de prisión por sabotaje, tras haber echado agua en el tanque de combustible de un grupo electrógeno que mantenía en funcionamiento el centro de comunicaciones del organismo en la provincia.
El incidente ocurrió el 29 de abril de 2024, durante una auditoría que detectó la desaparición de 30 litros de diésel en la unidad conocida como «Ciego 1», según informó el periódico local Invasor.
El acusado, un hombre con formación universitaria y acreditado como «Operador C», intentó encubrir la falta del combustible agregando agua al tanque, un acto que, según él, fue impulsado por el miedo a ser responsabilizado. Pero la maniobra tuvo consecuencias graves. Horas más tarde, en medio de uno de los frecuentes apagones, el grupo electrógeno fue activado y solo pudo operar por 20 minutos antes de colapsar.
El daño no fue menor: la contaminación del combustible paralizó el sistema de comunicaciones del MININT, afectando a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), las cámaras de videovigilancia de la provincia, las líneas de emergencia de los bomberos y la transmisión de información a nivel provincial y nacional.
El juicio se celebró meses después en la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado en Camagüey, bajo la causa número 4 de 2024. El tribunal concluyó que el acusado actuó con dolo eventual, es decir, sabía que su acción podía causar un daño, aunque no tuviera la intención directa de hacerlo.
El veredicto fue claro: culpable de sabotaje, de acuerdo con el artículo 125, apartado 1, inciso a, del Código Penal vigente. A pesar de los argumentos de la defensa, que resaltaron que el acusado no tenía antecedentes y mantenía una buena conducta social y laboral, la sentencia incluyó no solo la privación de libertad, sino también la inhabilitación para ejercer el cargo, prohibición de salida del país y el decomiso del recipiente utilizado para verter el agua.
En su defensa, el condenado intentó justificarse: «Pensé que me iban a culpar, me puse nervioso… Mi intención nunca fue causar daño. Me siento avergonzado, porque no soy una persona que comete delitos, mucho menos sabotaje».
Sin embargo, la fiscalía fue tajante al recalcar que estos actos ponen en riesgo la seguridad del Estado, argumentando que «el sabotaje afecta el bien público y el orden institucional, ya sea por intención directa o por negligencia».
Este caso evidencia la mano dura del gobierno cubano frente a cualquier acción que afecte la infraestructura estatal, en un contexto de apagones constantes, escasez de combustible y creciente descontento popular.
Durante marzo de 2025, el régimen intensificó su ofensiva judicial como parte del llamado Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, la Corrupción, las Ilegalidades y las Indisciplinas Sociales, una estrategia con la que busca reforzar su control a través de juicios ejemplarizantes.
El propio Miguel Díaz-Canel ha insistido en aplicar respuestas contundentes ante delitos en entidades estatales, incluyendo robos, corrupción y actos de vandalismo. El mensaje es claro: no habrá tolerancia para quienes afecten las estructuras del Estado.
Uno de los casos más sonados fue el de un hombre en Holguín, condenado a diez años de prisión por intentar arrebatarle un celular a una niña en plena calle, un fallo que refleja la creciente percepción de inseguridad y violencia urbana en la isla.
Otro caso reciente tuvo lugar en la refinería Ñico López, en La Habana, donde varios operarios enfrentaron cargos de corrupción y negligencia administrativa tras detectarse irregularidades en la entrega de combustible, un recurso crítico en medio de la actual crisis energética.
En Puerto Padre, Las Tunas, la exintendenta del municipio fue sentenciada a siete años de cárcel por corrupción administrativa, tras haber otorgado contratos irregulares a entidades privadas.
Las autoridades aseguran que estas acciones buscan garantizar la transparencia en la gestión pública, aunque algunos expertos consideran que se trata más bien de una estrategia para imponer disciplina y reforzar el control social en tiempos de crisis.
