Las mipymes en Cuba que hasta hace poco podían operar en el comercio mayorista han tenido que liquidar sus inventarios tras la cancelación de sus licencias. Esta nueva medida del gobierno no es más que otro golpe al sector privado, reforzando el control estatal sobre la economía.
Según anunciaron las autoridades en su cuenta de X, los trabajadores por cuenta propia que se dedicaban a la comercialización mayorista de bienes nacionales o importados están ahora en pleno proceso de liquidación de su mercancía. Se les ha dado un plazo máximo para deshacerse de su stock, siempre que lo hagan mediante ventas minoristas y bajo las condiciones establecidas en sus licencias.
Mientras tanto, otros actores económicos que aún mantienen este tipo de actividad recibieron una prórroga hasta el 30 de septiembre, lo que les da un margen de tiempo adicional para ajustarse a las nuevas regulaciones.
El gobierno ha dejado claro que el comercio minorista seguirá permitido para aquellos negocios privados que ya cuentan con la aprobación correspondiente. En paralelo, se anunció la creación de seis nuevos negocios conjuntos entre entidades estatales y mipymes privadas, en un intento de mostrar que la colaboración con el sector privado sigue abierta, aunque cada vez con más restricciones.
Desde el 5 de diciembre, fecha en que entró en vigor la medida, el discurso oficial ha insistido en la necesidad de «ordenar» el comercio mayorista y minorista dentro del sector privado. La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, argumenta que este cambio ayudará a mejorar la organización del mercado.
La nueva normativa establece que aquellas mipymes que no decidan formalizar alianzas con empresas estatales deben liquidar sus mercancías en un plazo de 120 días. Para hacerlo, solo podrán vender al por menor, siempre que su objeto social y licencia comercial se lo permitan.
El cierre de estas licencias representa un golpe directo a la iniciativa privada en Cuba, dificultando el crecimiento de un sector que ya enfrenta incontables obstáculos para consolidarse. Mientras tanto, el gobierno mantiene su postura de que la empresa estatal socialista es el pilar de la economía, relegando a las formas de gestión no estatal a un rol meramente complementario.
En el discurso oficial, no hay mención alguna sobre los problemas crónicos de ineficiencia y desabastecimiento que arrastra la empresa estatal. En cambio, se resalta la «ventaja» de que los actores económicos privados puedan utilizar la infraestructura, el transporte y la experiencia comercial del sector estatal.
Según el Ministerio del Comercio Interior, las empresas privadas podrán seguir operando en el comercio minorista, siempre y cuando su licencia y objeto social lo permitan. Sin embargo, los trabajadores por cuenta propia quedan completamente excluidos del comercio mayorista, ya que la resolución cancela automáticamente su inscripción en esta actividad.
Aunque el gobierno vende esta decisión como una estrategia para «ordenar» el comercio en Cuba, la realidad es que se percibe como un intento de centralizar aún más la economía y frenar el avance del sector privado.
Esta restricción llega en un momento en que la Isla atraviesa una de sus peores crisis económicas, con problemas graves de abastecimiento y un sector estatal que no logra cubrir ni las necesidades básicas de la población. Mientras tanto, las mipymes, que podrían haber sido una solución para aliviar esta crisis, ven cómo sus oportunidades se reducen cada vez más.
