El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla lanzó fuertes críticas contra Estados Unidos este viernes, acusando al país norteamericano de aplicar «políticas discriminatorias, represivas e ilegales» contra los cubanos residentes allí. Según el diplomático, estas medidas atentan contra su dignidad y derechos humanos.
Rodríguez Parrilla también señaló que Washington recurre al «chantaje, la intimidación y un número creciente de medidas coercitivas unilaterales», algo que, según él, viola el Derecho Internacional. Sus palabras, publicadas en su cuenta oficial de X (antes Twitter), no tardaron en generar reacciones.
Sin embargo, estas declaraciones llegan en un contexto donde el propio gobierno cubano enfrenta severas críticas por su historial de represión. En la isla hay cientos de presos políticos, las protestas ciudadanas son brutalmente reprimidas y las libertades fundamentales están severamente limitadas. La crisis económica ha empujado a miles de cubanos a emigrar, muchos de ellos con destino a Estados Unidos, el mismo país que ahora La Habana acusa de maltratarlos.
Lo irónico es que esos mismos cubanos, ahora «defendidos» por el canciller, se vieron obligados a huir por la falta de oportunidades, la persecución ideológica y el colapso del sistema. Y una vez fuera, el gobierno los ve como una fuente de ingresos: remesas, envío de paquetes y compras en tiendas controladas por el monopolio militar GAESA. Mientras La Habana se presenta como protectora de sus emigrados, sigue ignorando las denuncias internacionales sobre la situación de los derechos humanos dentro del país.
Más que una preocupación genuina por la dignidad de sus ciudadanos, todo apunta a una estrategia para mantener el flujo de dólares que sostiene una economía al borde del colapso.
El dilema de las deportaciones
Otro tema caliente ha sido el de las deportaciones de cubanos desde EE.UU. El gobierno de la isla calificó esta práctica como un «acto de cruel cinismo», a pesar de que muchos de estos migrantes han argumentado que huyeron precisamente de la represión que ejerce el propio régimen.
El problema es que recibir de vuelta a estos ciudadanos choca con el discurso oficial, que insiste en culpar a factores externos por la crisis migratoria. Pero la realidad es otra: censura, hostigamiento y falta de libertades son las verdaderas razones por las que tantos cubanos buscan un nuevo futuro fuera de la isla.
El pasado 27 de marzo, un vuelo de deportación aterrizó en La Habana con 60 migrantes cubanos expulsados de EE.UU. Se reportó que al menos dos fueron detenidos al llegar, uno por antecedentes penales y otro por haber emigrado bajo libertad condicional. Estos casos refuerzan el temor sobre el trato que reciben los deportados, quienes podrían ser sometidos a interrogatorios, vigilancia e incluso restricciones para su vida en Cuba.
La doble moral del gobierno cubano queda una vez más expuesta. Por un lado, se presenta como defensor de sus ciudadanos en el extranjero; por otro, sigue reprimiendo y negando derechos a quienes aún viven en la isla. Mientras tanto, la crisis sigue golpeando y la emigración no da señales de frenar.
