La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar volvió a la carga este jueves con su propuesta de reforma migratoria, la Ley Dignidad, una iniciativa que busca legalizar a los inmigrantes que llevan años en Estados Unidos sin problemas con la justicia y aportando a la economía.
A través de un video en su cuenta de X, Salazar dejó claro su mensaje: le pidió a la administración de Donald Trump que proteja a quienes han echado raíces en el país, trabajando, pagando impuestos y sacando adelante a sus hijos estadounidenses.
“Que no los toquen”, insistió la congresista, refiriéndose a los inmigrantes que, según ella, son los héroes silenciosos que mantienen en pie muchos sectores laborales en EE.UU. También solicitó medidas de protección para los cubanos con I-220A, así como para los nicaragüenses, venezolanos y haitianos con Estatus de Protección Temporal (TPS). Sin embargo, no mencionó a quienes llegaron con el parole humanitario, un programa que Biden implementó y Trump canceló recientemente.
Ahora bien, la petición de Salazar realmente incluiría a pocos cubanos, ya que la mayoría ha podido regularizar su estatus con la Ley de Ajuste Cubano, que les permite pedir la residencia tras un año y un día en el país.
¿Qué propone la Ley Dignidad?
No es la primera vez que Salazar impulsa esta iniciativa. Ya en mayo de 2023 presentó su Ley Dignidad, que ofrece un estatus legal temporal a cambio de pagar impuestos, contribuir a la seguridad fronteriza y mantener una conducta intachable.
El plan se divide en dos etapas. Primero, está el Programa Dignidad, que otorga un permiso de trabajo y protección contra la deportación por 10 años, siempre y cuando los inmigrantes cumplan con las reglas: pagar impuestos, registrarse con el Departamento de Seguridad Nacional cada dos años y abonar $10,000 en restitución.
Después de ese período, pueden optar por el Programa Redención, un paso adicional de cinco años que les permitiría obtener la residencia permanente. Eso sí, esta opción requiere aprender inglés, conocer la historia y civismo de EE.UU. y hacer trabajo comunitario o pagar otros $5,000 en restitución.
Salazar también ha abogado por los cubanos con I-220A, una medida migratoria otorgada a miles de personas sin un estatus definido. Según la congresista, estos inmigrantes no deberían ser deportados porque huyeron de una dictadura y buscan libertad en EE.UU.
El fin del parole humanitario y sus consecuencias
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha empezado a enviar notificaciones a los migrantes que llegaron con parole humanitario, informándoles que deben abandonar EE.UU. antes de que su permiso expire o enfrentarán la deportación.
Esta revocación, impulsada por la administración Trump, deja a más de 532,000 personas en un limbo migratorio, ya que además pierden su autorización de trabajo. Quienes no se vayan a tiempo empezarán a acumular presencia ilegal, lo que podría cerrarles las puertas a futuras oportunidades de inmigración.
La situación sigue evolucionando y el debate migratorio en EE.UU. está más caliente que nunca. Habrá que ver si la Ley Dignidad logra avanzar esta vez o si se queda, nuevamente, en el intento.
