El Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre llevó a cabo un juicio penal contra dos empleados de la refinería Ñico López, en La Habana, quienes enfrentan cargos por incumplimiento del deber de preservar bienes estatales.
Según informó Canal Habana en su página de Facebook, los acusados no siguieron los procedimientos adecuados durante la descarga de combustible de un buque a los tanques de almacenamiento. Como resultado, se produjo un derrame de 280 mil litros de gasolina B-90 CAP, ocasionando pérdidas estimadas en más de 5 millones de pesos cubanos.
A pesar de la magnitud del incidente, las autoridades no han revelado los nombres de los implicados ni las sanciones impuestas, limitándose a informar que el proceso judicial sigue en curso. La nota oficial terminó con una promesa de más detalles en futuras emisiones del Habana Noticiario, sin abordar posibles responsabilidades a nivel de supervisión o dirección.
El suceso ha generado un intenso debate en redes sociales, donde muchos usuarios han cuestionado que toda la culpa recaiga en los dos trabajadores enjuiciados. Varios comentarios han señalado que, en una instalación de esa envergadura, la supervisión y el control deben ser responsabilidad de un equipo más amplio, incluyendo administradores y directivos.
Este juicio se enmarca dentro del Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, una campaña iniciada el lunes en la que el gobierno cubano ha prometido medidas severas contra los delitos en instituciones estatales. Miguel Díaz-Canel ha insistido en la necesidad de dar respuestas “contundentes” ante hechos de corrupción, robos y negligencias en centros del Estado.
Dentro de esta ofensiva judicial, también han salido a la luz otros casos recientes que han generado controversia. Esta misma semana, se conoció la sentencia de siete años de prisión para un joven en Santiago de Cuba que se atrevía a criticar públicamente a Díaz-Canel, en un fallo que activistas y defensores de derechos humanos han calificado como un intento de represión política disfrazado de justicia.
Asimismo, en Las Tunas, la exintendenta de Puerto Padre fue condenada a siete años de cárcel por corrupción administrativa, en lo que los medios oficialistas han presentado como una muestra del “compromiso con la legalidad socialista”. Sin embargo, las críticas no han tardado en aparecer, pues muchos consideran que estos juicios son más un espectáculo político que una verdadera lucha contra la corrupción sistémica en el país.
Mientras tanto, en la calle, la población sigue lidiando con la crisis económica, la inflación y la escasez de productos, mientras el gobierno intenta proyectar una imagen de firmeza judicial, sin abordar las causas estructurales que generan estos problemas.
