La exintendenta del municipio de Puerto Padre, Maricela Alonso Ojeda, acaba de ganarse un boleto de ida sin retorno a la prisión. La justicia cubana la condenó a siete años tras las rejas por malversación, tras comprobarse que metió la mano en los bienes estatales destinados a la venta a la población.
Según el Tribunal Provincial Popular de Las Tunas, cuya información fue replicada por el oficialista Periódico 26, Alonso no cayó sola en el escándalo. Mario Quirino Infante Sosa, su socio en la movida, también fue sentenciado a seis años de prisión, aunque su participación se consideró menor.
Dicho tribunal dejó claro que la exintendenta abusó de su poder para desviar productos que debían ir directo a las tiendas estatales y terminaban en otras manos con propósitos nada legales. Infante era el encargado de la distribución y reventa, beneficiándose ambos con esta jugada sucia.
“Se aprovechó de la distribución de productos destinados a la población y se quedó con una parte para su propio beneficio”, reza la nota oficial. Con esto, la corte aplicó el artículo 297.1 del Código Penal, que castiga con dureza la malversación dentro del aparato estatal.
Además del tiempo en la cárcel, el castigo incluyó prohibiciones adicionales: nada de ocupar cargos públicos ni manejar recursos del Estado una vez que cumplan su condena. También se les vetó el derecho al voto y la posibilidad de viajar fuera del país hasta que paguen su deuda con la justicia.
El caso de Alonso no es un hecho aislado. Según el portal Cubanos por el Mundo, su caída arrastró a otros funcionarios, entre ellos Yanisleidys Fernández López, primera secretaria del Partido Comunista en Puerto Padre, y Juana Álvarez Fernández, secretaria de la Asamblea Municipal. Ambos nombres han sido vinculados a un esquema mayor de corrupción en la provincia.
Los señalamientos incluyen desvío de recursos estatales hacia mipymes locales, falsificación de documentos y robo de combustible, algo que ya parece un clásico entre ciertos dirigentes en la Isla. De hecho, otras cinco investigaciones están en marcha, apuntando a varios cuadros políticos en Las Tunas.
El caso ha despertado indignación, pues Alonso no era nueva en estas andanzas. Testimonios recogidos por medios independientes afirman que sus malas prácticas venían desde su época en el sector educacional, cuando dirigió la Educación en el municipio. “Desde entonces ya venía corrupta, pero en vez de sancionarla, la premiaron con el cargo de intendente”, criticó un ciudadano en redes sociales.
Mientras tanto, la corrupción sigue saliendo a la luz en distintas áreas del país. Recientemente, la cadena CIMEX sancionó a empleados de una tienda en La Habana por tráfico de influencias en la venta de productos escasos como cigarrillos y víveres. En Villa Clara, un transportista denunció extorsión policial, y en la Empresa de Gas Licuado de La Habana se destapó un escándalo por desvío masivo de recursos.
Pese a los intentos del gobierno por aparentar un control férreo, la realidad es que la corrupción sigue carcomiendo las instituciones y, con cada nuevo escándalo, se refuerza la desconfianza del pueblo en quienes manejan los hilos del país.
