La administración de Donald Trump ha dado un golpe silencioso pero contundente a miles de inmigrantes que esperaban obtener su residencia permanente en Estados Unidos. Sin anuncios rimbombantes ni titulares estruendosos, el gobierno ha pausado el procesamiento de solicitudes de «green card» para refugiados y asilados, dejando a muchos en un limbo legal y con la incertidumbre como compañera de viaje.
Un freno inesperado
Según informó CBS News, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha dado instrucciones a sus funcionarios para detener el trámite de ajuste de estatus de quienes ya fueron aprobados para quedarse en el país bajo protección humanitaria. Esta movida se enmarca dentro de una estrategia más amplia de la administración Trump para endurecer las reglas migratorias y restringir la entrada y permanencia de extranjeros.
El resultado: miles de personas que huyeron de la persecución en sus países de origen ahora ven su sueño de estabilidad en EE.UU. puesto en pausa, a pesar de haber pasado por un estricto proceso de selección que incluyó verificaciones de seguridad, entrevistas y exámenes médicos.
Las razones detrás de la decisión
El Departamento de Seguridad Nacional confirmó la suspensión temporal y justificó la medida como parte de la implementación de dos acciones ejecutivas firmadas por Trump. Estas órdenes buscan reforzar los mecanismos de verificación de identidad, seguridad nacional y detección de fraude en el sistema migratorio.
Una de las acciones ejecutivas exige un «examen extremo» de todos los extranjeros que quieran ingresar o residir en EE.UU., mientras que la otra permite designar como organizaciones terroristas a carteles mexicanos y grupos criminales como el Tren de Aragua.
Un patrón de restricciones migratorias
Esta no es la primera vez que el gobierno de Trump pone trabas a la inmigración legal. Hace apenas un mes, la administración paralizó solicitudes de migrantes de América Latina y Ucrania que habían llegado bajo programas humanitarios promovidos por Joe Biden. Además, notificó a más de medio millón de personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que tendrían 30 días para abandonar el país o enfrentar la deportación.
El gobierno argumenta que muchos de estos migrantes ingresaron con verificaciones «insuficientes» y que los programas de admisión están plagados de irregularidades. Como parte de esta política de control, también han anunciado que revisarán las redes sociales de los solicitantes de beneficios migratorios, exigiendo que proporcionen sus cuentas personales como parte del proceso de evaluación.
Un futuro incierto
Para los refugiados y asilados que ya habían dado pasos firmes en su proceso de integración, esta decisión representa un obstáculo inesperado y angustiante. Mientras la política migratoria de EE.UU. sigue evolucionando de manera impredecible, miles de personas quedan atrapadas entre la esperanza de una resolución favorable y el miedo a que su sueño de estabilidad se desvanezca de un momento a otro.
