Parece que la administración de Donald Trump no ha terminado de ajustar las tuercas en su política migratoria. Según fuentes cercanas al gobierno, citadas por The New York Times, se está cocinando una nueva restricción de viajes que podría dejar a los ciudadanos cubanos, y de otros países, fuera de los Estados Unidos.
La medida estaría incluida en una orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero, titulada «Proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otros». El objetivo, según el mandatario, es evitar «amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública». Pero, ¿qué significa esto para Cuba y otros países?
La nueva prohibición sería más amplia que las anteriores, y según el borrador que circula, Cuba estaría en la lista «roja», junto a países como Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen. «Tendrían categóticamente prohibida la entrada a Estados Unidos», afirmó una fuente anónima al Times.
Pero no todos los países estarían en la misma categoría. Habría una lista «naranja» para aquellos cuyo acceso no se prohibiría por completo, pero sí se restringiría. En este caso, solo se expedirían ciertos tipos de visados, como los de negocios, pero no para turistas o inmigrantes. Además, la duración de la estancia sería más corta.
Y luego está la lista «amarilla», donde los países tendrían 60 días para corregir deficiencias en sus sistemas de investigación y selección migratoria. Si no lo logran, pasarían a engrosar una de las otras dos listas.
El Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional tienen hasta el 21 de marzo para presentar una lista definitiva de países bajo restricciones migratorias. El criterio principal: aquellos cuya «información de investigación y selección es muy deficiente».
Pero esto no es todo. En días recientes, el Secretario de Estado Marco Rubio anunció una nueva política de restricción de visados dirigida a funcionarios de gobiernos extranjeros que faciliten la migración ilegal hacia EE.UU. «La nueva política se aplicará a funcionarios de inmigración, aduanas, autoridades aeroportuarias y portuarias», explicó Rubio.
La medida se basa en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite declarar inadmisibles a extranjeros cuyo ingreso «pudiera tener posibles consecuencias adversas graves para la política exterior de Estados Unidos». Además, algunos familiares de estos funcionarios también podrían verse afectados.
