En un intento por demostrar que tienen el control de la crisis energética, las autoridades cubanas organizaron un barrio debate en el consejo popular Santo Suárez, en La Habana. El tema central fue la lucha contra las ilegalidades en la venta de combustible, un problema que, irónicamente, el propio gobierno ha fomentado con su mala gestión y su sistema de distribución deficiente.
Según el periódico Tribuna, durante la reunión se informó sobre la detención de varios ciudadanos acusados de revender gasolina o de cobrar por turnos en el servicentro Alameda, ubicado en Santa Catalina y Poey. En otras palabras, los llamados coleros que han encontrado una manera de sobrevivir en medio del caos.
Caza de brujas en medio de la crisis
El fiscal jefe de La Habana, Rolando López Merino, dejó claro que los involucrados enfrentarán sanciones severas, ya que la crisis energética del país se usará como agravante en los juicios. Sin embargo, en su discurso no hubo ni una sola mención sobre las causas reales del problema: corrupción interna, falta de inversión y una pésima administración de los recursos.
Durante el debate también se anunció que, como parte de los operativos, se había desmantelado una casa almacén donde se guardaba una cantidad considerable de gasolina para la reventa. Este tipo de acciones buscan dar la impresión de que el gobierno está combatiendo las ilegalidades, pero evitan tocar la raíz del asunto.
Más operativos, pero ninguna solución real
Lisnay María Mederos Torres, fiscal jefe de La Habana, adelantó que en los próximos días se intensificarán las redadas en otros servicentros y que los detenidos podrían enfrentar cargos por malversación y cohecho. Además, altos funcionarios de CUPET, CIMEX y el Ministerio del Interior participarán en programas de televisión para explicar las medidas que tomarán para «regular» la distribución del combustible.
¿La realidad? Mientras el gobierno lanza operativos contra los pequeños revendedores, los grandes peces siguen manejando el combustible sin problemas. La corrupción dentro del aparato estatal sigue intocable, y quienes verdaderamente se benefician de la crisis continúan operando sin consecuencias.
¿Delatar a tu vecino? La nueva estrategia del gobierno
Uno de los puntos más polémicos del barrio debate fue la insistencia de las autoridades en que los ciudadanos denuncien a los revendedores. Para facilitarlo, pusieron a disposición del público los números de teléfono del puesto de mando de la Policía.
Esta estrategia no es nueva. En lugar de asumir su responsabilidad, el gobierno prefiere enfrentar a los cubanos entre sí, promoviendo un ambiente de desconfianza y delación. Mientras tanto, los verdaderos responsables del desabastecimiento continúan en sus oficinas, gestionando mal los recursos y garantizándose privilegios que la mayoría de la población solo puede soñar.
Crisis, represión y discursos vacíos
El gobierno sigue ocupando los medios con discursos sobre la lucha contra las ilegalidades, pero la realidad es que la vida en Cuba es cada vez más difícil. La inflación sigue disparada, los productos básicos son un lujo y la escasez de combustible solo empeora la situación.
Los barrio debates, más que una solución, son una estrategia para desviar la atención de la ineficacia gubernamental. En lugar de resolver la crisis, buscan señalar culpables entre los ciudadanos, mientras los verdaderos responsables del colapso siguen en sus puestos, sin asumir ninguna responsabilidad.
¿Hasta cuándo los cubanos tendrán que seguir pagando los platos rotos de un sistema fallido?
