El pasado 31 de enero de 2025, el gobierno del presidente Donald Trump anunció un cambio significativo en la política hacia Cuba. A través de una carta enviada a los comités correspondientes del Congreso, el Departamento de Estado informó que se retiraba la suspensión de demandas bajo la Ley Helms-Burton, también conocida como LIBERTAD Act. En el comunicado, se destacó que la administración Trump está comprometida con permitir que ciudadanos estadounidenses presenten demandas relacionadas con propiedades confiscadas por el régimen cubano. ¿Qué implica esto? Básicamente, se abre la puerta para que empresas o individuos que «trafican» con propiedades expropiadas en Cuba después de 1959 enfrenten acciones legales en los tribunales de EE.UU.
Este anuncio no llegó sin antecedentes. Justo antes de dejar el cargo, el 14 de enero de 2025, el entonces presidente Joe Biden había reinstaurado la suspensión de seis meses para nuevas demandas bajo el Título III de la Ley Helms-Burton. Esta decisión, tomada a solo seis días de finalizar su mandato, fue vista como un intento de suavizar las tensiones con Cuba y sus aliados internacionales. Biden también eliminó a Cuba de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo y retiró la «lista restringida» de entidades cubanas sujetas a sanciones adicionales. Estas acciones fueron justificadas como parte de un acuerdo humanitario coordinado con la Iglesia Católica para liberar presos políticos en la isla.
Para quienes no están familiarizados, el Título III permite a ciudadanos y empresas estadounidenses demandar a compañías (ya sean estadounidenses o extranjeras) que se beneficien de propiedades expropiadas en Cuba después de 1959. Desde su promulgación en 1996, esta sección de la ley había sido suspendida periódicamente para evitar conflictos diplomáticos, especialmente con aliados como la Unión Europea y Canadá. Sin embargo, en 2019, Trump levantó esa suspensión, lo que resultó en varias demandas contra empresas internacionales con intereses en la isla.
Con la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero de 2025, su equipo, liderado por el nuevo Secretario de Estado Marco Rubio, revisó rápidamente las medidas de Biden. Menos de diez días después, el 29 de enero, el Departamento de Estado emitió una carta anulando la suspensión de nuevas demandas. En términos prácticos, esto significa que se reactivan las demandas: desde el 31 de enero de 2025, cualquier ciudadano o empresa estadounidense puede presentar nuevas querellas relacionadas con propiedades confiscadas en Cuba. Además, aquellas compañías que realizaron transacciones en Cuba durante la breve ventana de suspensión (del 14 al 29 de enero) podrían enfrentar acciones legales si se considera que están «traficando» con propiedades expropiadas.
Con la reactivación del Título III, se espera un aumento en los litigios contra empresas que operan en propiedades expropiadas. Esto no solo afecta a las compañías extranjeras, sino que también genera incertidumbre para los inversores que buscan oportunidades en Cuba. La administración Trump retoma su línea de «máxima presión» contra el régimen cubano, lo que podría incluir medidas adicionales, como restricciones de viaje o límites a las remesas, impactando aún más la ya frágil economía de la isla.
Aliados como España y Canadá, con grandes intereses en Cuba, probablemente elevarán protestas. La Unión Europea también ha criticado en el pasado lo que considera una aplicación extraterritorial de la ley estadounidense. Mientras tanto, la comunidad cubana en el exilio está dividida: algunos celebran la posibilidad de buscar justicia por propiedades expropiadas, mientras otros temen que esto empeore las condiciones de vida en la isla. Por su parte, el régimen cubano seguramente denunciará la medida como una «agresión» y enfrentará un escenario de menor inversión extranjera y mayores carencias económicas.
