El Tribunal de Ejecución de Santiago de Cuba ha citado al líder opositor José Daniel Ferrer García, quien fue liberado el pasado 16 de enero tras cumplir tres años y medio de prisión en la cárcel de Mar Verde. Según denunció Ferrer, la citación es parte de una estrategia para intimidarlo y frenar su activismo político.
“Dos oficiales de la PNR llegaron a mi casa para entregarme una citación para presentarme mañana a las 9 a.m. ante un juez de ejecución”, explicó Ferrer en un audio difundido por Martí Noticias. “No hay que ser adivino para saber que esto es una amenaza para que abandone mi activismo político. Pero que se ahorren el esfuerzo, no voy a dejar de luchar por los derechos de los cubanos”, enfatizó.
Un historial de persecución
José Daniel Ferrer fue condenado en 2019 a cuatro años y medio de prisión por el presunto delito de “lesiones”. Aunque en 2020 obtuvo una medida de “limitación de libertad”, esta fue revocada en julio de 2021 tras intentar participar en las históricas manifestaciones antigubernamentales.
Ferrer asegura que nunca ha cometido un delito y que las veces que ha sido encarcelado han sido por “defender los derechos humanos de los cubanos”. El opositor añadió que no teme regresar a prisión si eso significa continuar luchando por el bienestar del país: “Estoy dispuesto no solo a ir a prisión, sino a dar la vida por la libertad de mi nación”.
Represión continua contra UNPACU
Desde su liberación, la Seguridad del Estado ha intensificado los esfuerzos para aislar a Ferrer, quien lidera la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), una de las organizaciones opositoras más importantes de la isla. Según denunció, las autoridades han detenido, amenazado y citado a cualquier persona que intente visitarlo en su hogar, ubicado en Altamira, Santiago de Cuba.
“Le advierten a quienes me visitan que, si vienen más de dos veces, terminarán en prisión”, comentó Ferrer, alertando sobre las medidas represivas que buscan cortar cualquier apoyo hacia su activismo.
Una huelga de hambre como respuesta
El clima de represión alcanzó un nuevo nivel cuando Vladimir Martín Castellanos, coordinador de la UNPACU en Puerto Padre, Las Tunas, inició una huelga de hambre. Castellanos fue detenido mientras intentaba visitar a Ferrer, y las autoridades le confiscaron su teléfono, dinero y documentos personales.
En un mensaje publicado en su perfil de Facebook, Castellanos declaró: “Sin mi dinero no puedo alimentar a mi familia. La huelga me la impusieron ellos”, en referencia a las acciones de la policía política.
Intimidaciones a otros activistas
El asedio no se limita a Ferrer y Castellanos. Carlos Oliva Rivery, también miembro de la UNPACU, recibió una advertencia directa de agentes de Seguridad del Estado para que no se acerque al líder opositor. Por su parte, ciudadanos como Deisy Sofía Suárez Cabrera e Iván Desquiro han denunciado amenazas e intentos de disuadirlos de visitar a Ferrer.
El estado de sitio en Altamira
Antes de su última encarcelación, Ferrer vivió bajo un estado de sitio en su vivienda durante más de dos años. Las fuerzas represivas bloqueaban el acceso a su hogar, impidiendo que otros activistas pudieran reunirse con él.
Tras su excarcelación, esta estrategia de aislamiento parece haberse intensificado, reforzando el mensaje de que el régimen no tolerará desafíos a su autoridad.
