Un artículo publicado hace solo unas horas por el reconocido diario The New York Time advierte que la administración de Donald Trump está implementando cambios drásticos en las políticas migratorias, otorgando a los oficiales de ICE (Inmigración y Control de Aduanas) un poder ampliado para deportar rápidamente a migrantes que llegaron al país bajo programas temporales de la era de Biden, como el parole humanitario y el CBP One. Un memorando interno, firmado recientemente por el jefe interino del Departamento de Seguridad Nacional, detalla cómo estas nuevas medidas afectarán a millones de personas.
¿Qué dice el nuevo memorando de ICE?
El documento proporciona a ICE un mapa detallado sobre cómo utilizar poderes de deportación acelerada, que anteriormente solo se aplicaban en la frontera sur, para expulsar rápidamente a migrantes dentro del país. Este cambio podría impactar a quienes entraron bajo dos programas clave de Biden:
- CBP One, una aplicación que permitía a los migrantes programar citas para ingresar legalmente a los Estados Unidos.
- Parole Humanitario: Un programa especial que otorgaba permisos temporales a migrantes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití.
Estos programas, diseñados para ofrecer vías legales y reducir cruces ilegales, ahora están en la mira. Incluso existe preocupación de que las nuevas políticas puedan aplicarse también a migrantes de Afganistán y Ucrania, quienes llegaron bajo iniciativas separadas.
El enfoque de Trump: endurecer las reglas migratorias
Las medidas reflejan el compromiso de Trump de usar todos los recursos disponibles para endurecer las políticas de inmigración, apuntando no solo a quienes cruzaron la frontera sin autorización, sino también a quienes utilizaron vías legales. Según un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, Trump considera que los programas de Biden eran ilegales desde su inicio y busca acelerar la deportación de los migrantes.
Impacto en las comunidades migrantes
Estas decisiones han generado temor y confusión entre los migrantes. Muchos llegaron huyendo de condiciones extremas, creyendo que estaban en el país de manera legal. Ahora, enfrentan la posibilidad de ser deportados a sus países de origen, donde su seguridad podría estar en riesgo.
La eliminación de los programas de Biden afecta a alrededor de 1.4 millones de migrantes que entraron desde 2023. Estos permisos, conocidos como “parole”, ofrecían una estancia temporal de hasta dos años, pero el nuevo memorando indica que podrían ser deportados incluso si su estatus legal no ha expirado.
Reacciones de defensores de los derechos humanos
La noticia no tardó en generar fuertes críticas. Tom Jawetz, un abogado que trabajó en la administración de Biden, calificó la medida como una “traición sin precedentes” hacia personas que cumplieron con las reglas. Por su parte, Karen Tumlin, directora del Justice Action Center, expresó que esta decisión afecta a comunidades que han mostrado solidaridad con migrantes de todo el mundo.
“Las comunidades estadounidenses han abierto sus corazones y hogares para ayudar a personas de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, Afganistán y Ucrania. Castigar a quienes siguieron las reglas con un proceso de deportación sumario es simplemente inaceptable”, dijo Tumlin.
El fin de los programas de Biden: una estrategia a gran escala
El lunes, Trump ordenó la eliminación de los programas migratorios de Biden, y el jueves, el secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamine C. Huffman, emitió nuevas directrices para implementar estas políticas. ICE ahora tiene la autoridad para priorizar la deportación de migrantes que llevan más de un año en el país sin haber solicitado asilo.
Además, las nuevas reglas permiten a ICE revocar el “parole” y transferir casos ya en proceso de deportación al programa acelerado, reduciendo significativamente los tiempos de espera.
Desafíos legales: la respuesta de la ACLU
El uso de estas medidas ya enfrenta desafíos en los tribunales. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó una demanda argumentando que estas políticas violan las leyes federales. Anand Balakrishnan, abogado de la ACLU, declaró: “La administración de Trump busca usar esta política ilegal para alimentar su agenda de deportaciones masivas. Esto pone en peligro comunidades enteras y socava el debido proceso y la Constitución”.
