Este jueves, un juez federal en Seattle, John Coughenour, emitió un fallo crucial que bloquea temporalmente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Este fallo ha sido ampliamente cubierto por agencias internacionales y marca un revés importante para la administración de Trump en sus esfuerzos por modificar las leyes migratorias del país.
La polémica orden ejecutiva
La orden ejecutiva de Trump, firmada al inicio de su mandato, buscaba negar la ciudadanía a los niños nacidos en territorio estadounidense cuyos padres no fueran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales. La medida, que provocó fuertes reacciones desde su anuncio, pretendía cambiar una de las bases fundamentales del sistema migratorio de Estados Unidos.
La respuesta de los fiscales generales
El fallo de Coughenour es resultado de una demanda presentada por los fiscales generales de varios estados, entre ellos Washington, Arizona, Illinois y Oregón, quienes argumentaron que la orden violaba la Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda de la Constitución de EE.UU. Esta enmienda, ratificada en 1868 después de la Guerra Civil, establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en que residen”. Los fiscales sostienen que la orden ejecutiva contraviene esta ley fundamental.
La 14ª Enmienda y su alcance
La 14ª Enmienda, que ha sido clave en la historia del derecho a la ciudadanía en EE.UU., asegura que todas las personas nacidas en el país son automáticamente ciudadanos estadounidenses, sin importar el estatus migratorio de sus padres. Por ejemplo, una persona que esté en el país con una visa de turista o incluso en situación ilegal, si da a luz en territorio estadounidense, su hijo automáticamente recibe la ciudadanía.
Defensa de la orden: La postura del gobierno de Trump
El Departamento de Justicia ha defendido la orden ejecutiva de Trump, argumentando que es parte de un esfuerzo más amplio para reformar el sistema migratorio y abordar la situación en la frontera sur del país. Este argumento fue reiterado por varias fuentes, incluidas agencias de noticias como Reuters, que destacaron la postura oficial del gobierno.
Críticas a la interpretación de la 14ª Enmienda
Sin embargo, los opositores a la orden ejecutiva sostienen que la interpretación de la 14ª Enmienda hecha por Trump no es válida, ya que no excluye a los hijos de personas que están en el país ilegalmente. Según estos críticos, las personas en situación irregular siguen estando sujetas a las leyes de Estados Unidos, lo que incluiría la protección de la ciudadanía por nacimiento.
Impacto potencial en los nacidos en EE.UU.
Según estimaciones de la agencia AP, más de 150,000 niños nacen cada año en Estados Unidos de padres que no son ciudadanos ni residentes permanentes legales. Si la orden ejecutiva se implementara, estos niños perderían la ciudadanía, lo que los privaría de ciertos beneficios gubernamentales, como el acceso a la salud o la educación, además de someterlos a posibles deportaciones.
Resistencia y demandas legales
Organizaciones de derechos civiles, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), han presentado varias demandas contra la orden de Trump, calificándola de inconstitucional y advirtiendo sobre sus consecuencias a largo plazo. La resistencia a esta medida no se limita solo a los fiscales generales y activistas, sino que también involucra a muchos ciudadanos preocupados por la protección de los derechos fundamentales en el país.
Un caso que podría llegar a la Corte Suprema
Este fallo judicial representa un obstáculo significativo para la administración de Trump en su intento de redefinir la ciudadanía por nacimiento, un principio establecido en Estados Unidos durante más de 150 años. Con este revés, no se descarta que el caso pueda escalar hasta la Corte Suprema de EE.UU. para una resolución definitiva. Las implicaciones de este caso podrían afectar profundamente la interpretación y aplicación de la ley migratoria en el futuro cercano.
