Donald Trump firmó una orden ejecutiva con la que busca fortalecer el uso de la pena de muerte a nivel federal y garantizar que los estados cuenten con un suministro suficiente de drogas para llevar a cabo ejecuciones mediante inyección letal.
Compromiso con la pena de muerte en casos específicos
La orden establece que el fiscal general deberá buscar la pena capital en todos los casos que lo ameriten. Esto incluye los asesinatos de agentes del orden y los delitos graves cometidos por personas indocumentadas, “sin importar otros factores”. Además, Trump prometió trabajar para revocar precedentes del Tribunal Supremo que limitan la aplicación de la pena de muerte.
Sin embargo, expertos consideran que estas medidas son ambiguas y podrían ser inconstitucionales, ya que podrían infringir los derechos de los acusados y entrar en conflicto con las leyes estatales.
Un cambio radical en la política de Biden
Este movimiento marca un giro drástico respecto a las políticas de la administración de Joe Biden, quien otorgó clemencia a 37 de las 40 personas que estaban en el corredor de la muerte, conmutando sus sentencias por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Durante su primer mandato, Trump supervisó 13 ejecuciones federales, una cifra mayor que la registrada bajo los 10 presidentes anteriores juntos. Biden, por su parte, suspendió estas ejecuciones y salvó a decenas de condenados.
Evaluaciones cuestionables y desafíos legales
La orden también instruye al fiscal general a revisar las condiciones de encarcelamiento de los 37 reos conmutados por Biden, con el propósito de asegurarse de que estén bajo condiciones “acordes con la monstruosidad de sus crímenes”. Asimismo, se les pide evaluar si es posible procesarlos nuevamente a nivel estatal por delitos que ameriten la pena de muerte.
Expertos, como Abraham Bonowitz, de Death Penalty Action, han señalado que esto podría violar el principio de «doble incriminación», que prohíbe juzgar a una persona dos veces por el mismo delito. Bonowitz calificó estas medidas como “una muestra de venganza” más que una política realista.
Retos logísticos y éticos
El acceso a los fármacos necesarios para las inyecciones letales es otro de los grandes desafíos. Debido a la presión pública, muchas farmacéuticas han dejado de suministrar estas drogas, y la Unión Europea ha prohibido su exportación para estos fines. Robin Maher, del Death Penalty Information Center, afirmó que sin un cambio significativo, será complicado garantizar el suministro necesario.
Críticas por el impacto simbólico y político
Organizaciones como la ACLU consideran que exigir automáticamente la pena de muerte en ciertos casos violaría derechos constitucionales de los acusados. Además, el lenguaje de la orden y su enfoque en temas históricos como la esclavitud han generado preocupación entre activistas, quienes temen un posible uso político de estas medidas.
El costo de la pena capital
Maher también destacó el alto costo de aplicar la pena de muerte: “Para un presidente que dice querer reducir el gasto público, esta es una de las políticas más costosas”.
Finalmente, Bonowitz criticó que no se hayan conmutado todas las sentencias del corredor de la muerte: “Cuando el gobierno tiene el poder de decidir quién vive y quién muere, se abre la puerta a abusos y errores irreparables”.
