En los últimos días, el pollo, ese producto esencial en la dieta cubana, vuelve a estar en el ojo del huracán. Las denuncias de consumidores sobre bloques de hielo que inflan el peso del alimento han reavivado un viejo debate sobre la calidad y cantidad del pollo que llega a las bodegas. Un artículo de opinión publicado en Tribuna de La Habana no dejó pasar el tema, señalando que esta práctica afecta directamente al consumidor cubano.
El Hielo y el Peso: Una Justificación Controvertida
Según lo relatado por un consumidor, un carnicero justificó que el hielo adherido al pollo forma parte del peso asignado a todos los clientes. “Si retiro el hielo al despachar la ración, al final falta peso y yo tengo que responder”, habría explicado el empleado. Sin embargo, esta práctica, aunque común, contradice las normas establecidas. Las regulaciones permiten un margen de merma del 4% para compensar pérdidas por descongelación, pero parece ser insuficiente frente a lo que realmente ocurre.
El resultado es claro: las familias cubanas terminan pagando más por agua congelada que por pollo. Un problema que golpea los bolsillos de quienes ya enfrentan una difícil realidad económica.
Un Problema que No es Nuevo
Esta situación no es reciente, sino que lleva años siendo parte del día a día del cubano. Según el artículo, la responsabilidad se diluye entre los distintos actores de la cadena de distribución. Los carniceros apuntan a los transportistas, quienes, a su vez, culpan a los almaceneros. En este juego de culpas, el consumidor final siempre resulta el más afectado, recibiendo menos producto del que le corresponde.
Para el autor del artículo, esta práctica no es otra cosa que una forma de robo, especialmente en un contexto donde el pollo es de los pocos productos proteicos al alcance de la mayoría. La necesidad de una solución urgente es evidente.
Más que un Problema de Control
El pollo, convertido en el centro del debate, pone en evidencia algo mucho más profundo: la erosión de la confianza en los sistemas de distribución en Cuba. Las irregularidades perjudican directamente a las familias, que ya enfrentan una crisis alimentaria severa. Resolver esta situación requiere regulaciones claras, mayor control y, sobre todo, voluntad política para proteger los derechos de los consumidores.
