En los últimos días, se ha desatado una nueva ola de decomisos en los barrios de Cuba. Locales reportan que se están confiscando productos básicos como pollo, aceite, detergente, azúcar y hasta viandas y hortalizas. Todo esto, argumentando que los vendedores no están «autorizados» para comercializarlos. ¿La consecuencia? Multas de hasta 40 mil pesos y más escasez para el pueblo. 😡
Aunque vender sin licencia es ilegal y algunos precios resultan exorbitantes (un paquete de pollo en 4 mil pesos es un abuso, sin dudas), surge una pregunta importante: ¿el gobierno no está jugando al doble rasero? En tiendas oficiales como 3ra y 70, encontramos lomo de cerdo a 62 USD. ¿Eso no es igual de abusivo? 🥱
Más controles, menos soluciones
El gobierno insiste en justificar estas medidas como un “enfrentamiento a lo mal hecho”. Pero, ¿qué pasa con las abuelitas que dependen de esos vendedores en su cuadra para conseguir una libra de pollo o una pastilla de caldo? Con esta «victoria pírrica», se elimina la oferta en los barrios, dejando a quienes no tienen transporte o tiempo en una situación crítica.
A las autoridades les gusta decir que esto solucionará la «ilegalidad». Sin embargo, ¿realmente tienen un plan alternativo para abastecer las comunidades? Spoiler alert: no lo tienen.
La «alegalidad» como salvavidas del pueblo
En cada CDR (Comité de Defensa de la Revolución), hay quien vende aceite, refrescos, pollo y hasta sazón. Esa “alegalidad” ha sido un salvavidas para muchas familias que no tienen cómo pagar una caja entera de pollo o viajar kilómetros para conseguir productos básicos.
Por ejemplo: ¿qué pasa cuando el MINCIN elimina a esos pequeños vendedores sin ofrecer otra solución? Pues que la gente tendrá que recorrer largas distancias para comprar menos, pagando más y cargando con las mismas viejas jabas que ya no aguantan ni un saco de plátanos.
El impacto del desabastecimiento en Cuba
El desabastecimiento no es una novedad en Cuba, pero estas nuevas medidas parecen empeorar la situación. Imagina a las familias en las zonas rurales teniendo que recorrer decenas de kilómetros para comprar productos esenciales. Y todo, porque eliminaron al vendedor de la esquina que les facilitaba la vida.
¿Qué le proponemos al gobierno? Legalicen a esos vendedores. Cóbreles impuestos. Regularicen su actividad. Pero no eliminen la única oferta disponible sin tener una alternativa real.
Reflexión final: la desconexión del gobierno con el pueblo
Es fácil tomar medidas desde una oficina con aire acondicionado, pero ¿qué pasa con las personas que dependen de esos vendedores? Si eliminamos la “alegalidad” sin una solución efectiva, solo estamos empujando al pueblo hacia una mayor precariedad.
Ojalá, algún día, los responsables de estas decisiones sientan en carne propia lo que viven los cubanos de a pie: buscar una libra de pollo a kilómetros de su casa, con más dinero en el bolsillo y menos esperanza en la jaba.
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