En un movimiento que refuerza la estrecha relación entre Moscú y La Habana, Rusia ha acordado otorgar un crédito de 60 millones de dólares a Cuba. Este financiamiento, según declaraciones de Julio Antonio Garmendía, embajador cubano en Rusia, se destinará a la compra de combustibles. El convenio ya fue aprobado por ambos gobiernos y se espera que el contrato definitivo sea firmado en los próximos días, de acuerdo con la agencia de noticias rusa Sputnik.
Un alivio para el sistema energético cubano
Además del crédito principal, Rusia donará otros dos millones de dólares para adquirir piezas esenciales que contribuirán a la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de Cuba. Este sistema, afectado por el deterioro de sus antiguas plantas generadoras, enfrenta una situación crítica que ha agravado los apagones y la escasez de energía en la isla.
La ayuda rusa llega como una tabla de salvación en medio de una crisis energética prolongada. Los frecuentes cortes de electricidad y la falta de combustibles han tenido un impacto severo en la vida diaria de los cubanos, así como en el transporte público y las actividades económicas.
Moscú ya había intervenido tras el colapso del SEN
En noviembre de 2024, después de que un colapso del SEN dejara a Cuba sin electricidad durante cuatro días, Rusia envió 80,000 toneladas de combustible diésel valoradas en más de 60 millones de dólares como apoyo de emergencia. Este gesto demostró el compromiso de Moscú con La Habana para aliviar su crisis energética.
Reestructuración de la deuda cubana con Rusia
En marzo pasado, el presidente ruso Vladimir Putin aprobó modificaciones a los acuerdos de crédito entre ambos países, lo que permite a Cuba condiciones de pago más flexibles. Estos cambios incluyen la posibilidad de saldar la deuda en rublos, la extensión del plazo de pago del periodo 2023-2027 al periodo 2028-2040, y ajustes en las tasas por pagos atrasados.
Según datos oficiales, la deuda acumulada de Cuba con Rusia asciende a 277,2 millones de dólares. Este monto corresponde a créditos estatales concedidos entre 2009 y 2019 para la adquisición de hidrocarburos.
