El sector privado en Cuba, considerado por muchos como el salvavidas económico del país, enfrenta nuevas amenazas por parte del gobierno. Durante la Asamblea Nacional del Poder Popular, el primer ministro Manuel Marrero Cruz advirtió sobre el posible cierre de numerosos negocios debido a evasiones fiscales y el incumplimiento de las normativas de bancarización.
El 65% de los negocios, en la cuerda floja
La situación es crítica para aproximadamente el 65% de los negocios privados en la Isla. Según Marrero, estos emprendimientos, que incluyen micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y trabajadores por cuenta propia (TCP), corren el riesgo de perder sus licencias si no cumplen con las normativas financieras exigidas por el gobierno.
Fallas en bancarización y cuentas fiscales
Cifras presentadas por el Banco Central de Cuba (BCC) y la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) revelan que más del 20% de los emprendimientos aún no han abierto las cuentas fiscales obligatorias. De las 515 mil cuentas registradas, cerca de 290 mil presentan saldo cero, lo que el gobierno interpreta como una estrategia para evadir impuestos.
Marrero fue contundente al señalar que las medidas serán severas, e incluirán desde la revocación de licencias hasta el cierre definitivo de los negocios que no regularicen su situación.
Pagos electrónicos: una asignatura pendiente
Otro punto crítico expuesto durante el encuentro fue la negativa de algunos negocios a aceptar pagos electrónicos mediante códigos QR, pese a contar con las herramientas necesarias para hacerlo. Este rechazo, según las autoridades, dificulta el avance hacia la bancarización completa del sector.
Inspecciones y sanciones: el panorama para 2024
El gobierno anunció que la fiscalización será aún más intensa en 2024. Durante este año, se realizaron más de 600 mil inspecciones, detectándose violaciones en cerca de 370 mil casos. Estas irregularidades derivaron en la imposición de multas por un total de 980 millones de pesos, así como en el cierre de 3,522 establecimientos y 1,024 decomisos.
Además, se ejecutaron 17,767 ventas forzosas como parte de las medidas para controlar los incumplimientos, especialmente relacionados con los precios topados.
