En una reciente intervención en el programa televisivo Mesa Redonda, Alberto López, ministro de la Industria Alimentaria, hizo un llamado a las mipymes para que se sumen al comercio mayorista y empiecen a importar bienes e insumos, los cuales se destinarían a abastecer a las empresas estatales. Según López, esta estrategia ayudaría a las empresas estatales a aprovechar al máximo sus capacidades instaladas, lo que, en teoría, les permitiría cumplir con los planes productivos establecidos. Una idea que parece prometer eficiencia, pero que oculta varias sombras.
Esta propuesta no es nueva, y va de la mano con lo establecido en la Resolución 56, que exige que las mipymes solo puedan realizar actividades de comercio mayorista a través de entidades estatales. Un modelo que no hace más que reafirmar la tendencia del gobierno de continuar utilizando mecanismos administrativos como solución, en lugar de apostar por estrategias económicas reales que fomenten el crecimiento del sector privado.
El gobierno insiste en que este modelo beneficiará a todos, señalando que las mipymes podrán aprovechar la experiencia de las comercializadoras estatales y realizar operaciones con menores costos, lo que, a su vez, podría traducirse en precios más bajos para los consumidores. Sin embargo, la realidad podría ser otra. Esta medida parece más un intento de frenar el desarrollo económico de las mipymes, evitando que estas escapen al control estatal. Es como si, en lugar de incentivar la autonomía de los actores no estatales, el gobierno estuviera buscando una manera de estatizar gradualmente estos negocios. De hecho, ya se ha hablado en el IX Pleno del Comité Central del Partido sobre la incorporación de las mipymes al plan de la economía nacional, lo que refleja un enfoque de control total sobre todas las formas de gestión económica.
El futuro de las mipymes bajo el control estatal
La situación para las mipymes se presenta cada vez más complicada. Aquellas que sigan dedicándose al comercio minorista seguirán siendo perseguidas por las autoridades, enfrentando topes de precios, ventas forzadas, multas excesivas y la eliminación de cualquier tipo de beneficio fiscal. Además, la creación del Instituto Nacional de Actores Económicos no Estatales, bajo la dirección de Mercedes López Acea, una firme defensora del control estatal sobre los mercados, suma presión sobre este ya tensionado sector.
Por otro lado, las mipymes que decidan involucrarse en el comercio mayorista con el Estado se encontrarán con un obstáculo recurrente: los impagos. El gobierno ha sido históricamente incapaz de cumplir con los pagos a los productores privados, como lo demuestra la situación con los campesinos, que venden sus cosechas y ganado a las empresas estatales y no reciben a tiempo ni la cantidad acordada. Este panorama se complica aún más cuando hablamos de las mipymes, que podrían enfrentar la falta de pagos por parte del Estado, lo que podría amenazar su viabilidad económica.
Desmotivación y escasez: el día a día de las mipymes cubanasLa desmo
tivación de los propietarios de mipymes no es un fenómeno aislado. La incertidumbre es un factor clave en el funcionamiento de estos negocios, pues invertir dinero y esfuerzo en un entorno tan impredecible es una tarea cada vez más difícil. Con la constante presión del gobierno y el temor a futuras represalias, no es de extrañar que algunas mipymes hayan tenido que cerrar sus puertas. Mientras tanto, productos de alta demanda como el pollo, las salchichas y la leche en polvo comienzan a escasear, especialmente en aquellos lugares que dependen de la gestión no estatal.
El Estado, por su parte, parece cada vez más alejado de ofrecer soluciones eficaces para el abastecimiento de la población. Si las mipymes y otros actores privados fueran eliminados o asfixiados, ¿qué opciones quedaría para el cubano común? La gente observa con creciente pesimismo las medidas que intentan doblegar a estos pequeños empresarios, temiendo que el gobierno logre acabar con las pocas alternativas que existen hoy en día.
