El reciente anuncio del gobierno cubano sobre la Resolución 56-2024 ha encendido las alarmas en el sector privado de la isla. Esta medida, que cancela las licencias para el comercio mayorista otorgadas a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), cooperativas no agropecuarias (CNA) y trabajadores por cuenta propia (TCP), está provocando un efecto dominó de cierres y liquidaciones en negocios a lo largo del país.
Mientras algunos empresarios tratan de adaptarse al nuevo marco de restricciones, otros optan por rematar sus mercancías y cerrar definitivamente. Las consecuencias de esta decisión no solo afectan a los dueños de negocios, sino también a la economía nacional en su conjunto.
Liquidación de inventarios y miedo al futuro
La nueva normativa impone un plazo de 120 días hábiles para que los negocios liquiden sus inventarios destinados al comercio mayorista. Este ajuste ha generado una ola de incertidumbre entre los emprendedores, muchos de los cuales prefieren abandonar el país antes que enfrentar un entorno cada vez más hostil para el sector privado.
Según el asesor de emprendimientos Ángel Marcel Rodríguez Pita, “esto se está viendo a lo largo y ancho del país”. La restricción al comercio mayorista ha dejado a muchas mipymes sin opciones viables para operar, y se teme que esta situación provoque una crisis aún más profunda en la ya debilitada economía cubana.
Un paso atrás en la economía cubana
El gobierno ha justificado la Resolución 56 como una estrategia para «reorganizar el sistema económico» y fortalecer la participación estatal, pero expertos advierten que podría generar efectos contraproducentes. “El gobierno cubano está apostando a una crisis mayor dentro de la economía cubana”, señaló Rodríguez Pita, añadiendo que las medidas parecen estar diseñadas para eliminar la pobreza «eliminando a los pobres».
Esta postura autoritaria también fue criticada por el periodista Reinaldo Escobar, quien cuestionó: “¿Qué le importa al Estado que quien traiga mercancías sea un particular? Parece que aquí nadie puede prosperar, porque el único que controla todo debe ser el gobierno”.
El impacto en la producción y el consumo
Las mipymes han sido un pilar fundamental para suplir la escasez de alimentos y otros productos esenciales en la isla. Su desaparición no solo dejaría un vacío en la oferta, sino que también provocaría un incremento en la especulación y la inflación. Según Rodríguez Pita, este escenario podría agravarse con la caída del valor de monedas extranjeras como el euro, que afectaría directamente el poder adquisitivo de las remesas enviadas desde el exterior.
“Es un escenario caótico que se complejiza cada vez más”, advirtió el experto, dejando entrever que las repercusiones no se limitarán al sector privado, sino que afectarán a toda la población.
Desempleo y desconfianza: consecuencias inevitables
En un artículo reciente publicado en OnCuba, el economista cubano Juan Triana Cordoví criticó la nueva resolución, describiéndola como un «regalo de fin de año» que encierra al sector privado en una «jaula regulatoria cada vez más estrecha». Triana destacó que estas medidas erosionan la confianza en la economía, afectando a un sector que emplea al 35 % de los trabajadores en Cuba y que genera el 15 % del PIB.
“¿Cuánto desempleo generará esta medida? ¿Tiene el Estado una alternativa para esos nuevos desocupados?”, cuestionó el economista. También alertó sobre la incapacidad del sector estatal para suplir la pérdida económica que supondría el cierre masivo de mipymes, en un país donde la tasa de inversión apenas alcanza el 10 % del PIB.
Un futuro incierto para el sector privado cubano
La Resolución 56-2024 no solo limita las operaciones del sector privado, sino que también envía un mensaje claro: el gobierno busca mantener un control absoluto sobre la economía, incluso a costa del progreso logrado por los emprendedores. Mientras tanto, los cierres masivos y la incertidumbre se traducen en un golpe directo al empleo y al consumo, con efectos que podrían sentirse durante años.
