En su reciente visita a la provincia de Holguín, Miguel Díaz-Canel apuntó directamente hacia los pequeños comerciantes privados como responsables del aumento de los precios, calificando algunos de ellos como “abusivos” y “torturativos”. Estas declaraciones llegan en un momento crítico, donde la inflación y la escasez de productos básicos agravan la situación de millones de cubanos.
El panorama económico de Cuba no deja espacio para respiros. Día tras día, las familias enfrentan la lucha por acceder a bienes esenciales en un contexto de crisis generalizada. En este escenario, el gobernante parece dirigir su discurso hacia los emprendedores, obviando las causas estructurales que alimentan la crisis.
«Precios abusivos» y «torturativos»: ¿realidad o desviación de la atención?
Durante un reporte transmitido por el Canal Caribe, Díaz-Canel expresó: “Dentro de las distorsiones de la economía, lo que más me llama la atención por los estados de opinión aquí… es los precios. Veo más acentuada la crítica sobre los altos precios. Es igual que los precios no pueden ser los mismos que había hace 5 o 6 años atrás”.
Aunque reconoce el impacto de la inflación, su mensaje se centró en los precios elevados de los pequeños negocios, los cuales, según él, están fuera de control. En sus palabras: “No podemos permitir que haya precios abusivos y precios torturativos”. Sin embargo, esta narrativa desvía la atención de las limitaciones económicas y estructurales que enfrenta el país, apuntando al sector privado como el principal culpable.
Un ataque directo al comercio no estatal
Díaz-Canel fue más allá en su crítica, señalando directamente a los emprendedores no estatales: “Cada vez que un grupo de formas no estatales, de las que venden caro, se enteran que hay comprobaciones o que hay ejercicio eso, se retiran. Esa es la primera señal de que están inventando y hay que enfrentarlo”. Estas palabras reflejan un enfoque más punitivo hacia el sector privado, un sector ya golpeado por la falta de insumos y la volatilidad del mercado mayorista.
Aunque el gobernante insiste en la importancia de operar “dentro de la legalidad”, no menciona las condiciones extremas bajo las cuales deben trabajar estos pequeños comerciantes. El suministro irregular, la falta de acceso a mercados mayoristas y los altos costos operativos son obstáculos que dificultan mantener precios competitivos. En lugar de abordar estas dificultades, el discurso oficial parece utilizar al sector privado como chivo expiatorio.
Nuevas medidas, más restricciones
En la misma intervención, Díaz-Canel anunció que en enero se realizarán nuevas visitas a Holguín, dejando entrever un incremento en la supervisión y el control sobre los negocios privados. Este tipo de acciones podrían agravar aún más la situación del sector privado, que ya está operando en condiciones precarias.
Como si esto no fuera suficiente, la reciente publicación de la resolución 56 en la Gaceta Oficial de la República trajo un golpe inesperado. Esta medida, emitida por la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, cancela las licencias para ejercer actividades mayoristas otorgadas a las micro, pequeñas y medianas empresas privadas y cooperativas no agropecuarias.
La resolución, que entró en vigor el pasado 5 de diciembre, fue justificada como una forma de “ordenar” el comercio mayorista y minorista. Sin embargo, para los emprendedores representa un nuevo desafío en medio de una crisis que ya limita sus operaciones.
El régimen endurece su postura
Esta decisión se suma a las declaraciones realizadas por Díaz-Canel en julio, cuando afirmó: “¡Es hora de pasar a la acción!”. Con esta frase, el gobernante reafirmó su intención de someter las actividades económicas no estatales a un control más estricto, marcando el fin de una tímida apertura hacia el sector privado.
Este cambio de rumbo refleja un claro regreso al modelo de planificación centralizada, dejando poco margen para el desarrollo independiente de los nuevos actores económicos. El mensaje es contundente: las reglas las dicta el Estado, y cualquier desviación será confrontada.
En este contexto, los pequeños comerciantes enfrentan un futuro incierto. A medida que el gobierno incrementa el control y las restricciones, la capacidad del sector privado para sostenerse y ofrecer alternativas a la población se ve cada vez más limitada.
