El sector privado cubano enfrenta un nuevo desafío con la publicación de la Resolución 56 del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), anunciada el 5 de diciembre en la Gaceta Oficial. Esta normativa ordena la cancelación de todas las licencias comerciales otorgadas a mipymes, cooperativas no agropecuarias (CNA) y trabajadores por cuenta propia (TCP) que hasta hace poco contaban con la posibilidad de realizar comercio mayorista como actividad secundaria.
Apenas en agosto de 2022, el gobierno había autorizado este tipo de operaciones, generando expectativas de crecimiento entre los emprendedores. Sin embargo, esta reciente disposición parece marcar un giro radical, apagando el progreso que el sector no estatal había logrado demostrar en términos de eficiencia y dinamismo, algo que el aparato estatal nunca consiguió replicar.
Un golpe calculado y con intención política
Aunque la medida se presenta como parte de un «Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento», es difícil ignorar que tiene como principal objetivo desarticular al sector privado. Según analistas, este cambio responde al interés del gobierno de controlar el comercio mayorista y monopolizar el flujo de divisas. Además, se sospecha que esta decisión tiene conexión con el recién creado Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales (INAENE), que supervisa y regula al sector privado bajo criterios opacos y altamente centralizados.
«No buscan organizar, sino extinguir lo que no pueden controlar», opinan expertos sobre la función del INAENE. Este organismo, dirigido por Mercedes López Acea, exfuncionaria sin experiencia en economía, ha sido señalado como un instrumento para desmantelar las mipymes y TCP que han demostrado ser más efectivas que el propio sector estatal.
Un sector privado demonizado y asfixiado
Desde mediados de 2023, las señales eran claras. El gobierno cubano comenzó a culpar al sector privado de «distorsiones económicas» y lo colocó en el centro de una narrativa de culpabilidad por los problemas acumulados del país. Según informes, las autoridades han llevado a cabo redadas y auditorías que han resultado en el cierre de negocios y la confiscación de bienes, dejando a muchos emprendedores al borde del colapso.
El Primer Ministro Manuel Marrero Cruz había anticipado en diciembre de 2023 que se implementarían medidas para “corregir distorsiones”. Sin embargo, el peso de esta cruzada recayó en López Acea, cuya misión parece ser más la eliminación que la regulación.
Un contexto de crisis económica sin precedentes
El trasfondo de esta ofensiva es una economía en colapso. Desabastecimiento crónico, déficit de generación eléctrica, corrupción generalizada y un éxodo laboral masivo son solo algunas de las características del panorama actual. En este contexto, el gobierno ha recurrido a medidas desesperadas, como imponer la intermediación estatal en el comercio mayorista y gravar aún más a los privados con impuestos elevados.
A partir de marzo de 2025, se implementarán nuevos métodos de pago obligatorios que dificultarán aún más las operaciones privadas, mientras el efectivo se convierte en moneda de sobornos necesarios para evitar problemas como la retención de mercancías en los puertos.
La supervivencia de los emprendedores bajo nuevas reglas del juego
A pesar de este ambiente hostil, el sector privado cubano ha mostrado una capacidad notable de adaptación. Muchos emprendedores recurren al comercio clandestino y al uso de redes sociales para mantener sus negocios activos, tal como ocurrió en los tiempos en que plataformas como Revolico eran el único espacio viable para operar fuera del radar gubernamental.
No obstante, el impacto de la Resolución 56 no se limita a dificultar el comercio. También plantea un serio riesgo para el futuro del emprendimiento en Cuba. El 80% del comercio no estatal ya se realiza en internet, y se espera que esta tendencia aumente a medida que las restricciones oficiales crezcan.
Algunos analistas sugieren que la Resolución 56 no es casual. Su publicación llega en un momento en que el gobierno anticipa nuevas sanciones internacionales bajo el próximo mandato de Donald Trump, especialmente dirigidas al flujo de dólares hacia la Isla. En este sentido, la normativa podría ser un intento de asegurar ingresos mediante el control absoluto del comercio, o incluso un movimiento estratégico para negociar en última instancia con actores externos.
