El vicefiscal general cubano Marcos Caraballo de la Rosa anunció que durante el reciente Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, se aplicaron más de 300 medidas cautelares, de las cuales un 83 % correspondieron a prisión provisional. Las acciones estuvieron dirigidas principalmente a combatir delitos de corrupción y tráfico de drogas.
Un operativo intensivo en tiempo récord
El operativo, que tuvo lugar entre el 2 y el 7 de diciembre, tuvo como objetivo, según el gobierno, reducir la corrupción, las indisciplinas sociales y otros fenómenos nocivos que afectan a la sociedad cubana. Durante estos días, se revisaron 1,900 expedientes en fase preparatoria, de los cuales 527 casos fueron enviados a los tribunales para la apertura de juicios orales.
En palabras de Caraballo, la corrupción representa una «amenaza a la seguridad nacional», y se reportaron casos graves que involucran cadenas delictivas formadas por funcionarios y directivos. Hasta el momento, cuatro de estos casos destacados ya han sido llevados a juicio.
Sabotajes y delitos contra el sistema eléctrico
El ejercicio también detectó delitos dirigidos contra el sistema eléctrico nacional, incluyendo la sustracción de aceite dieléctrico, un material crucial para el funcionamiento de los transformadores. Según la Fiscalía, estos actos han sido calificados como sabotajes, en un contexto donde la crisis energética agrava aún más los problemas estructurales del país.
Resultados económicos del control fiscal
Además de las medidas penales, se realizaron 303 acciones de control fiscal, que resultaron en multas superiores a los 2,1 millones de pesos. Asimismo, las autoridades detectaron deudas tributarias que superan los 61 millones de CUP, de las cuales lograron recuperar más de 3,4 millones de pesos.
Estos controles fiscales reflejan el intento del régimen por recaudar fondos en un momento de profunda crisis económica, marcada por la escasez de recursos básicos y la inflación descontrolada.
Una lucha que evidencia problemas más profundos
Desde la perspectiva oficial, estas acciones forman parte de un esfuerzo por garantizar la «tranquilidad ciudadana». Sin embargo, el ejercicio pone en evidencia las fisuras en la legalidad y la gestión estatal, reflejadas en la recurrencia de delitos y la falta de controles efectivos para prevenirlos.
La corrupción y la crisis energética son solo síntomas de problemas estructurales que afectan profundamente al sistema cubano. Aunque los operativos esporádicos pueden tener cierto impacto inmediato, no abordan las raíces del problema, que requieren reformas profundas y sostenidas.
Conclusión
Las cifras del operativo reflejan un enfoque intensivo del régimen para frenar delitos relacionados con corrupción y tráfico de drogas, pero también subrayan los desafíos persistentes en la administración pública y la gestión de recursos. Mientras tanto, la población cubana sigue enfrentando los efectos de estas fallas estructurales, que exigen soluciones más allá de medidas represivas y controles puntuales.
