El gobierno cubano ha dado un nuevo golpe a la iniciativa privada en la isla con la publicación de la Resolución 56 de la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, en la Gaceta Oficial de la República (Número 119). Esta medida, que entra en vigor el 5 de diciembre, cancela de oficio las licencias para ejercer el comercio mayorista, previamente otorgadas a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) privadas y cooperativas no agropecuarias.
Justificación Oficial: «Ordenar el Comercio Mayorista»
Según el comunicado, la medida tiene como objetivo «ordenar» el comercio mayorista y minorista en el ámbito de la iniciativa privada. No obstante, la resolución no especifica los motivos reales detrás de este veto. Medios oficialistas, como Cubadebate, se limitan a justificar que la decisión busca propiciar «alianzas de trabajo entre actores económicos estatales y no estatales». En otras palabras, la normativa fuerza a las empresas privadas a colaborar con entidades estatales para continuar operando.
Cambios Impuestos y Requisitos Burocráticos
A partir de la entrada en vigor de la resolución, las Mipymes y cooperativas que deseen mantener su actividad mayorista tendrán 90 días para ratificar su alianza con empresas estatales, actualizar su objeto social y renovar su licencia comercial. Aquellos que no acepten esta obligación tendrán 120 días para liquidar su inventario, comercializando los bienes de forma minorista si cuentan con la licencia correspondiente.
La medida también impacta a los trabajadores por cuenta propia, quienes quedan excluidos de cualquier actividad relacionada con el comercio mayorista. La resolución especifica que las licencias de comercio mayorista de bienes nacionales o importados otorgadas a cuentapropistas serán canceladas de oficio.
Consecuencias para la Iniciativa Privada
Aunque las Mipymes pueden continuar comerciando al por mayor con entidades estatales o a través de comercializadoras mayoristas estatales, esta nueva resolución limita significativamente su autonomía. Las empresas deben cumplir con requisitos burocráticos adicionales, como la actualización de licencias ante el Registro Central Comercial, un proceso que puede realizarse presencialmente o en línea.
Restricciones Continuas: Un Patrón Recurrente
La Resolución 56 es solo el último ejemplo de un retroceso económico que ha marcado el 2024 en Cuba. En julio, el gobierno retiró la licencia de importación a casi un tercio de los negocios privados autorizados, justificándolo con el «bajo nivel de actividad y mal trabajo» de las empresas afectadas. Además, en agosto, el Decreto 107 introdujo nuevas restricciones para las Mipymes, cooperativas no agropecuarias y cuentapropistas.
Estas medidas reflejan un cambio en la política de apertura económica del gobierno cubano. Aunque el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el presidente Miguel Díaz-Canel han insistido en la necesidad de «planificación centralizada», estas restricciones han asfixiado a los nuevos actores económicos, limitando su capacidad de contribuir al desarrollo del país.
Impacto en la Economía Nacional
El comercio mayorista es esencial para la sostenibilidad de las Mipymes, que actúan como intermediarias entre proveedores y consumidores finales. Con la Resolución 56, muchas empresas podrían enfrentarse a dificultades insuperables, lo que provocaría una reducción en la oferta de bienes y servicios en el mercado nacional.
Según analistas, esta normativa pone de manifiesto la falta de confianza del gobierno cubano en la iniciativa privada. En lugar de fomentar el crecimiento de este sector, el estado sigue priorizando su control absoluto sobre la economía, perpetuando la ineficiencia que ha caracterizado al sistema estatal durante décadas.
