El gobernante Miguel Díaz-Canel ha generado un nuevo foco de atención en Cuba con la creación de un contingente de jóvenes en Ciego de Ávila, cuya misión será combatir los precios considerados abusivos y especulativos. Según el periódico oficialista Invasor, este grupo está integrado por estudiantes de preuniversitarios, ciencias médicas y otras instituciones educativas.
Jóvenes supervisores en medio de una crisis económica
La formación del contingente responde a lo que el gobierno describe como un esfuerzo por “corregir distorsiones en la gestión no estatal”. No obstante, detrás de esta iniciativa subyace un problema estructural: la provincia no cuenta con suficientes inspectores para desempeñar estas tareas, por lo que la responsabilidad recae en los estudiantes. Este enfoque ha suscitado críticas por delegar funciones propias de las autoridades en jóvenes, exponiéndolos a un entorno tenso y altamente polarizado.
Críticas de la población
En las redes sociales, las reacciones no se han hecho esperar. En la sección de comentarios de Invasor, un usuario identificado como Cristian Domínguez criticó la medida: “¿Y por qué no hacen su trabajo los inspectores y los policías que buen salario tienen? ¿Tienen que enfrentar a los jóvenes contra los mafiosos especuladores? ¿Ese ejército también tendrá jurisdicción en las tiendas MLC y USD? Pues en estas es donde más abusivos son los precios”.
Otros comentarios destacaron la hipocresía en el control de precios. Fidel Alejandro Ojeda César cuestionó: “El control de la especulación solo se da en la Ley de oferta y demanda. Si no hay productos, se encarecen; si hay muchos, bajan. ¿Por qué en las tiendas MLC no aplican la misma regla?”
Multas y operativos contra el sector privado
Esta no es la primera vez que el gobierno intensifica sus medidas contra el sector privado. En julio de 2024, se anunció la imposición de multas que superan los 8,000 pesos a negocios que incumplan los precios tope de productos básicos como el pollo troceado, aceites comestibles, leche en polvo, pastas alimenticias, salchichas y detergente en polvo. La Resolución 225/2024, del Ministerio de Finanzas y Precios, sirvió como base para desplegar operativos de control en todo el país.
En apenas una semana, entre el 17 y el 23 de agosto, el Ministerio ordenó el cierre de 171 establecimientos, canceló 197 proyectos de trabajo y decomisó productos de 58 negocios privados. Además, en La Habana, se efectuaron 77 ventas forzosas de productos como parte de lo que muchos consideran una «cacería de brujas» contra los emprendedores.
Perspectivas y críticas al modelo gubernamental
La medida de incluir estudiantes en estas actividades también fue criticada por su falta de enfoque en las causas estructurales de la crisis económica del país. “El descontento popular y la poca credibilidad en las instituciones de gobierno son el resultado de decisiones como estas”, afirmó un usuario en las redes sociales, quien también destacó la incapacidad del gobierno para regular los precios en sus propias tiendas.
