La administración del presidente electo Donald Trump tiene planes para imponer restricciones significativas en la emisión de visas desde consulados extranjeros, como parte de una estrategia para presionar a los países a aceptar a sus ciudadanos deportados desde Estados Unidos. Esta medida podría tener un impacto considerable en naciones como Cuba, Venezuela y Nicaragua.
La base legal: la sección 243(d) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad
La iniciativa se sustenta en la sección 243(d) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que otorga al Secretario de Seguridad Nacional la facultad de informar al Secretario de Estado sobre los países que retrasan o rechazan la recepción de sus ciudadanos deportados. En consecuencia, el Secretario de Estado puede instruir a los consulados estadounidenses en esos países a suspender la emisión de visas, tanto de inmigrante como de no inmigrante. Esta política tiene como objetivo presionar a los gobiernos “recalcitrantes” para que cooperen con las deportaciones.
Declaraciones del “zar de la frontera”
El enfoque de esta estrategia fue detallado en una reciente entrevista por Thomas Homan, designado por Trump como responsable de las políticas migratorias y de seguridad fronteriza. Homan, apodado por el presidente como el “zar de la frontera”, tiene el encargo de implementar las promesas migratorias realizadas durante la campaña electoral. Entre ellas, se incluyen acciones para intensificar las deportaciones y endurecer las medidas en la frontera.
Homan destacó que, de implementarse, los ciudadanos de los países sancionados enfrentarán restricciones severas en sus solicitudes de visas, limitando tanto su movilidad como su capacidad de migrar legalmente a los Estados Unidos.
Impacto en los acuerdos migratorios con Cuba
Uno de los acuerdos que podría verse afectado es el pacto migratorio entre Cuba y Estados Unidos, establecido en la década de 1990. Este compromiso estipula la emisión de un mínimo de 20,000 visas de inmigrante anuales para ciudadanos cubanos. Sin embargo, la negativa de Cuba a aceptar a sus ciudadanos deportados podría poner en riesgo este acuerdo. Actualmente, las deportaciones a Cuba son limitadas, con apenas un vuelo mensual que transporta un promedio de 50 migrantes.
El regreso de la política de “tolerancia cero”
Otro componente clave del plan de Trump es reactivar la política de “tolerancia cero”, que implica el procesamiento penal de quienes crucen la frontera ilegalmente. Además, se proyecta la deportación de entre 1 y 1.5 millones de personas durante el primer año de su mandato, priorizando a aquellos con condenas penales graves u órdenes finales de deportación.
Eliminación del derecho a la ciudadanía por nacimiento
Entre las medidas en consideración también se incluye la posible eliminación del derecho a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de migrantes indocumentados. Esto podría obligar a los padres deportados a decidir entre dejar a sus hijos ciudadanos en Estados Unidos o llevárselos consigo, una decisión con profundas implicaciones familiares y sociales.
Un cambio de paradigma en la política migratoria
Estas medidas representan un cambio drástico en la política migratoria estadounidense, con un enfoque en la disuasión y el endurecimiento de las leyes existentes. Aunque los partidarios de Trump consideran que estas acciones son necesarias para proteger la seguridad nacional, los detractores advierten sobre el impacto humanitario y económico que podrían generar.
En particular, los países afectados por estas sanciones podrían enfrentar una disminución en el acceso a visas, lo que aumentaría la tensión en sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Asimismo, las familias migrantes podrían ser las más perjudicadas, enfrentando decisiones difíciles y una incertidumbre sin precedentes sobre su futuro.
