Un decreto publicado recientemente en la Gaceta Oficial impone medidas drásticas de eficiencia energética que afectan a empresas privadas, extranjeras y estatales en Cuba. El objetivo declarado es establecer regulaciones para el uso eficiente de energía y el desarrollo de fuentes renovables, según se detalla en el texto oficial.
Principales disposiciones del Decreto 110/2024
El Decreto 110/2024 introduce cambios significativos, especialmente para los denominados «grandes consumidores» de energía. A partir de 2028, estas entidades estarán obligadas a generar al menos el 50 % de la energía que consumen en horarios pico utilizando fuentes renovables. Este grupo incluye a aquellas empresas que consumen un promedio mensual de 30 megavatios hora o 50,000 litros de combustible.
Las empresas clasificadas como grandes consumidores deberán implementar un sistema de gestión energética acorde con su objeto social y un programa de sostenibilidad que abarque al menos cinco años. Estas medidas buscan garantizar un uso más eficiente de los recursos energéticos y fomentar la transición hacia energías renovables.
Implementación gradual y alternativas
Para las nuevas entidades económicas que deseen operar en Cuba, el decreto exige incluir programas de eficiencia energética desde su creación. En el caso de empresas ya establecidas, dispondrán de un plazo de tres a cinco años para adaptarse.
Cuando la instalación de paneles solares no sea viable debido a limitaciones estructurales, las empresas estarán obligadas a firmar contratos con parques solares gestionados por la Unión Eléctrica (UNE). Además, las inversiones con alta demanda energética serán sujetas a tarifas más restrictivas, calculadas según el costo real de generación con diésel y la tasa de cambio oficial del Banco Central de Cuba.
Un punto importante a destacar es que estas medidas no afectarán a la Zona Especial de Desarrollo de Mariel (ZEDM), que mantendrá sus tarifas actuales.
Sanciones severas por incumplimiento
El decreto también detalla un riguroso esquema de sanciones para las entidades que no cumplan con las disposiciones. Las multas pueden alcanzar los 15,000 pesos, y en casos de «régimen de contingencia eléctrica», definido como un período de afectaciones planificadas por más de 72 horas, las sanciones se incrementan hasta los 20,000 pesos. Entre las infracciones destacadas figuran:
- No contar con un plan de consumo eléctrico para horarios pico.
- Utilizar equipos de climatización a temperaturas inferiores a 24 °C en locales no tecnológicos.
- Mantener sistemas de refrigeración en mal estado.
- Comercializar equipos sin etiqueta de eficiencia energética.
- Mal uso de tarjetas prepagadas de combustible.
Además de las multas, se contempla la interrupción del suministro eléctrico por hasta 72 horas en caso de incumplimientos graves.
Creación de Consejos energéticos
Una novedad del Decreto 110/2024 es la formación de «Consejos energéticos» en los niveles nacional, provincial y municipal. Estos consejos, integrados por representantes de organizaciones políticas, sociales y económicas, tendrán la función de supervisar el cumplimiento de las medidas y proponer sanciones ante violaciones.
Entre sus responsabilidades estarán:
- Monitorear el consumo energético de grandes consumidores.
- Evaluar y controlar el desempeño de entidades con altos niveles de consumo.
- Promover la implementación de fuentes renovables a nivel local.
Críticas y reacciones
El decreto ha generado escepticismo, especialmente entre pequeños empresarios y emprendedores, quienes ven las nuevas obligaciones como un reto económico significativo. El alto costo de adaptarse a estas normativas, combinado con las limitaciones estructurales y financieras que enfrentan muchas empresas, ha sido motivo de preocupación.
Aunque los medios oficiales han dado poca cobertura al tema, se espera que esta normativa provoque un intenso debate en las próximas semanas. Los críticos argumentan que el gobierno, en lugar de modernizar la generación eléctrica estatal, está trasladando la carga de la transición energética a los actores económicos.
Un contexto de crisis
El Decreto 110/2024 se enmarca en una crisis energética que el gobierno busca mitigar con medidas de austeridad y eficiencia. Sin embargo, la legislación pone en evidencia las deficiencias del sistema eléctrico estatal y la falta de incentivos estructurales para promover energías renovables de manera sostenible.
Con su entrada en vigor programada para 30 días después de su publicación, el decreto representa un desafío tanto para las empresas como para las autoridades cubanas en su esfuerzo por equilibrar sostenibilidad y viabilidad económica.
