El Ministerio de Transporte de Cuba ha anunciado un retraso en la entrada en vigor de las actualizaciones a la política de comercialización de vehículos en el país. La medida, que busca ajustar las normas en colaboración con los organismos implicados, ha generado expectativas y algunas preocupaciones entre los ciudadanos.
Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte, compartió los motivos del retraso a través de una publicación en Facebook. Según explicó, aunque se esperaba que las disposiciones entraran en vigor en estas fechas, el proceso ha requerido más tiempo del previsto debido a la necesidad de ajustes finales.
«Entendemos las preocupaciones de todos», señaló Rodríguez Dávila, reconociendo la inquietud generada entre la población. Además, aseguró que los detalles finales están en etapa de conciliación y que se informará oportunamente una vez concluyan los ajustes necesarios.
La actualización de esta política incluye aspectos clave como la transmisión de propiedad de vehículos de motor y su comercialización en moneda libremente convertible (MLC). Estas disposiciones forman parte del Decreto 83/2023, cuyo objetivo es optimizar el acceso a vehículos y generar ingresos para la recuperación del transporte público en un contexto económico desafiante.
En septiembre pasado, Rodríguez compartió en redes sociales infografías explicando cómo se determinan los precios de los vehículos importados, un tema que ha suscitado críticas por parte de la ciudadanía debido a sus elevados costos. Según las gráficas, el precio final de un vehículo resulta de la suma del costo base del proveedor, gastos de importación (6%), margen comercial (20%) e impuestos especiales, que varían según la gama del vehículo y pueden alcanzar hasta un 35%.
Por ejemplo, un vehículo estándar puede llegar a costar 15,900 USD o euros, mientras que un auto de alta gama podría superar los 17,000 USD o euros. Estos precios, considerados inalcanzables por muchos profesionales en Cuba, han generado frustración y críticas en redes sociales, donde numerosos usuarios han expresado su descontento.
Cabe recordar que en julio pasado el gobierno permitió la importación de vehículos por parte de cubanos en misiones en el exterior, como brigadas médicas y personal diplomático. Además, se implementaron exenciones arancelarias para carros eléctricos, aunque la falta de infraestructura para estos vehículos ha planteado dudas sobre su viabilidad a corto plazo.
El gobierno ha asegurado que los ingresos provenientes de los aranceles e impuestos serán destinados al desarrollo del transporte público, un sector duramente afectado por la crisis económica del país. Sin embargo, la combinación de precios elevados y la falta de alternativas accesibles ha intensificado el debate público sobre las políticas de comercialización de vehículos en Cuba.
