El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha estado en boca de todos después de su reciente visita a México, la cual, según algunos análisis, costó aproximadamente 100.000 dólares. Este gasto exorbitante generó controversia, especialmente cuando muchos cubanos luchan por sobrevivir a las crisis económicas que atraviesa la isla. Acompañado de su esposa, Lis Cuesta, Díaz-Canel se trasladó a México para asistir a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, una de las figuras políticas más cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Cómo se distribuyó esa millonaria cifra?
Un análisis realizado por Darwin Santana en su canal de YouTube El Mundo de Darwin detalló cómo se desglosaron esos 100.000 dólares. El gasto incluye transporte aéreo, alojamiento, alimentación y transporte terrestre para la comitiva oficial. En primer lugar, el presidente y su equipo viajaron en un avión privado modelo Challenger 601, cuyo alquiler alcanzó los 30.000 dólares, sumando un total de 5 horas de vuelo (ida y vuelta). Con un costo de 6.000 dólares por hora de vuelo, la elección de este tipo de transporte destaca la desconexión del gobierno con las prioridades del pueblo cubano.
Lujos que desentonan con la realidad cubana
El alojamiento para la delegación también fue un lujo, con 5 habitaciones reservadas durante 4 días en un hotel de alta gama, lo que supuso otro gasto de 30.000 dólares. Aunque no se especificó el hotel exacto, se tomaron como referencia las tarifas de los alojamientos que suelen ser reservados para líderes internacionales. Pero el derroche no terminó allí. El transporte terrestre utilizado, con vehículos blindados como Chevrolet Suburban y Cadillac Escalade, costó 22.000 dólares. Y si esto no fuera suficiente, la alimentación de la delegación, compuesta por 10 personas durante esos 4 días, alcanzó los 12.000 dólares.
¿Qué se podría haber hecho con esa cantidad de dinero?
La cifra resulta aún más impactante cuando consideramos lo que se podría haber logrado en Cuba con esos 100.000 dólares. Según Santana, con esa misma cantidad se podrían haber comprado 50.000 kilogramos de pollo, alimentado a 14.000 niños en restaurantes modestos, o incluso adquirido 700.000 jeringuillas para el sistema de salud cubano. Esto pone en evidencia el contraste entre los lujos de la élite gobernante y las necesidades básicas de la población.
La falta de transparencia alimenta el descontento
En Cuba, el régimen no es conocido precisamente por su transparencia en cuanto a los gastos oficiales. A diferencia de países democráticos como Estados Unidos, donde los detalles de los viajes presidenciales suelen ser públicos, en Cuba no se publican cifras sobre cómo se utilizan los recursos estatales. Este silencio oficial genera malestar entre los ciudadanos, especialmente cuando se destinan fondos públicos a lujos que podrían haberse usado en resolver problemas mucho más urgentes para el pueblo.
Díaz-Canel y sus viajes: ¿cuánto más podrá seguir viajando?
Desde que asumió la presidencia en 2018, Díaz-Canel ha realizado numerosos viajes internacionales, en compañía de su esposa Lis Cuesta, algo que no era tan común en el mandato de Fidel Castro, quien prefería viajar solo. Entre sus desplazamientos más recientes se incluyen viajes a República Dominicana para la Cumbre Iberoamericana, una gira por Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Irán en noviembre de 2023, y un viaje a San Vicente y las Granadinas para la Cumbre de la CELAC en marzo de 2024. Todos estos viajes se realizan en un contexto de crisis económica en la isla, lo que ha generado más críticas por parte de los cubanos.
¿Es justo este derroche en tiempos de crisis?
Los gastos millonarios del presidente cubano no solo revelan una desconexión con las realidades del pueblo, sino que también abren un debate sobre las prioridades del gobierno. Mientras el pueblo cubano enfrenta enormes dificultades económicas, la falta de transparencia y el derroche en viajes oficiales alimentan la indignación popular. Este tipo de situaciones solo refuerzan la desconfianza hacia las élites políticas del país, que parecen estar más preocupadas por mantener su estatus que por solucionar los problemas que afectan a los ciudadanos.
