El equipo de transición del presidente electo Donald Trump está considerando la posibilidad de poner fin a dos programas clave implementados por la administración de Joe Biden, que permitieron la entrada legal de más de 1.3 millones de inmigrantes a Estados Unidos. Estos programas, CBP One y el parole humanitario, permitieron que migrantes de países como Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua ingresaran al país bajo ciertas condiciones.
En el caso de los cubanos, aquellos que fueron beneficiados por el parole humanitario podían solicitar asilo político bajo la Ley de Ajuste Cubano después de un año y un día de su entrada a EE. UU., lo que les permitía regularizar su estatus migratorio.
Fuentes cercanas al equipo de transición de Trump, quien ganó las elecciones presidenciales del pasado martes en Estados Unidos, informaron a CBS News que la posible cancelación de estos programas podría dejar a cientos de miles de personas en riesgo de deportación si no han solicitado asilo o no tienen otro estatus legal que les permita permanecer en el país, según citó Telemundo 51.
CBP One y el parole humanitario fueron piezas clave de la estrategia de Biden para promover la inmigración legal, mientras trataba de reducir los cruces ilegales en la frontera. No obstante, bajo el plan de Trump, aquellos que llegaron a EE. UU. a través de estos programas podrían enfrentarse a la deportación, aunque inicialmente se enfocaría en los que representan una amenaza para la seguridad nacional, como los migrantes chinos en edad militar y aquellos con antecedentes penales.
Aunque la implementación de deportaciones no se espera que sea inmediata, las fuentes han advertido que estos migrantes podrían enfrentar expulsiones en el futuro. El equipo de transición de Trump está evaluando cómo maximizar el alcance de las deportaciones, dando prioridad a ciertos inmigrantes para ser los primeros en ser deportados.
Este enfoque es una parte integral de las promesas de Trump de llevar a cabo deportaciones masivas. Sin embargo, se anticipan batallas legales por parte de defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes ya están preparando acciones legales para impugnar cualquier intento de revocar el estatus de aquellos que llegaron a Estados Unidos bajo estos programas.
Este cambio de política, que podría afectar a miles de inmigrantes, es una de las primeras medidas significativas que se analizan en la transición hacia la administración de Trump y refleja su enfoque más duro en temas de inmigración.
